La Asociación Bancaria se declaró en “estado de alerta y movilización” y se pronunció contra el “despojo” de los bolsillos de los trabajadores. Recomendó a Santiago Goodman, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) “que él se dedique a las cuestiones de los docentes que nosotros nos dedicamos a las cosas de los bancarios, que bastante tiene”.

El secretario de Organización y Capacitación sindical de la conducción nacional de la Asociación Bancaria, Walter Rey, declaró que el paro se desarrollará en las dos últimas horas de atención al público en todo el país, con cierre de operaciones, excepto en la provincia de Tucumán, donde la medida de fuerza durará 24 horas.

Indicó que la medida de fuerza es también una forma de repudiar “la represión que se vivió en Tucumán el martes -en momentos que se reclamaba la reincorporación de los trabajadores-, que fue algo inédito en la Argentina. Hace un año y medio que venimos con 36 compañeros que fueron despedidos de la Caja Popular en esa provincia del norte argentino”, sostuvo.

Las autoridades de la Caja Popular de Tucumán desconocen incluso un mandato del Ministerio de Trabajo de la Nación que ordenó restituir las fuentes laborales a los trabajadores.

Desde la Asociación Bancaria se denunció que tras la represión quedaron 22 heridos por perdigones, entre ellos, el cesanteado Facundo Rosales, con pronóstico reservado. También fueron detenidos los secretarios adjuntos y de Finanzas del gremio provincial, Rubén Moisello y José Gómez, en tanto el titular del sindicato, Eduardo Bourlet, tiene heridas de bala.

CONFLICTO EN CHUBUT

Además, Rey cuestionó el proyecto de ley para que los empleados del Banco Chubut SA deban aportar un 3 por ciento más al Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS). El sindicato considera que con estos proyectos “se busca llevar el porcentaje de aporte de cada trabajador al 17% del salario. Todo bajo circunloquios que pretenden la cuadratura del círculo, toda vez que alegan que los bancarios no aportan a SEROS, que es la obra social que da servicios una vez jubilados”.

La Bancaria vincula la idea con “los monstruosos baches económicos” y explica que mal puede hablarse de “equidad” y “solidaridad”, cuando las afiliadas al Instituto no pueden afiliar a sus esposos, “debiendo ingresar éstos a través de una prepaga y abonar la diferencia, mientras que en el caso contrario, es decir, trabajador hombre, sí puede. Verdadero ejemplo de intolerable discriminación”.

En este marco Rey planteó que sería más adecuado que el ISSyS reclamara al Ejecutivo “el pago de la enorme deuda que mantiene con esa entidad, en lugar de meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores”.

En este escenario, la Bancaria se declara en alerta en Chubut y en las sucursales de Buenos Aires y Río Negro. También afirmaron que si se avanza en el tratamiento de los dos proyectos se definirán medidas de fuerza.