El posible desistimiento por parte de la Provincia del Chubut de seguir adelante con al menos cinco juicios millonarios que el Estado provincial había iniciado hacía varios años contra el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación desató una polémica -por ahora silenciosa- en varios sectores políticos chubutenses, que quieren conocer con precisión las razones que impulsarían a las autoridades provinciales a resignar esos viejos reclamos.

El desistimiento del derecho y de la acción estaría siendo evaluado por las altas esferas del Gobierno provincial, luego de un dictamen del fiscal de Estado de la provincia del Chubut, Blas Meza Evans, quien habría sugerido al Poder Ejecutivo que esto sería factible hacerlo, sin más, a través de un decreto.

Aunque muchos siguen dando por hecho que esa resignación de derechos estaba directamente vinculada a la adhesión de Chubut al “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas”, el convenio bilateral firmado el pasado 28 de diciembre por el gobernador Martín Buzzi y el ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, no incluye ninguna cláusula que exija a la provincia el desistimiento de juicio alguno contra el Estado nacional.

Si bien es posible que algún integrante del Gobierno nacional haya sugerido a funcionarios de Chubut y del resto de las provincias que lo firmaron, un gesto político en ese sentido, lo cierto es que el programa de desendeudamiento provincial impulsado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no explicita en ninguno de sus artículos la obligación de desistir de los reclamos judiciales entablados con anterioridad.

A pesar de esto, otras provincias que también adhirieron a este programa ya desistieron de sus juicios contra la Nación.

Igualmente, sería ilógico que Chubut resigne reclamos por los que podría llegar a percibir más de mil millones de dólares, con el sólo afán de refinanciar una deuda total con el Estado nacional que suma unos 631 millones de pesos (143 millones de dólares).

Honorarios

Lo que no queda claro, además, es qué va a pasar con los compromisos de honorarios que el Estado provincial asumió con una importante dupla de abogados de Buenos Aires, los doctores David Halperin y Tomás Hutchinson, quienes desde 2004 vienen asistiendo a la provincia en los sucesivos reclamos por diferencias en la liquidación de regalías hidrocarburíferas.

A ellos hay que sumarles a la contadora Elsa Frattari, oriunda de Neuquén y experta en cálculos de liquidación de regalías, que también fue contratada en 2004 como consultora técnica para los mismos fines.

Precisamente, dos de las causas que podrían ser desistidas -los expedientes 4.445/05 y 1.335/08, tramitados ante la Corte Suprema-, son por regalías mal liquidadas: el primero, por un total de 54,3 millones de dólares. El segundo, por la friolera de 789,6 millones de dólares.

Más allá de las dudas que generaría un desistimiento de estas dos causas millonarias, es posible suponer que Chubut igualmente deba afrontar el pago de honorarios millonarios, a pesar de que ya no se podría cobrar ni un centavo de lo reclamado por haber desistido de las demandas.

Halperin y Hutchinson -a quienes también se los considera expertos en reclamos por regalías mal liquidadas- firmaron un convenio con la Fiscalía de Estado de Chubut en noviembre de 2004, durante la Gobernación de Mario Das Neves, cuando el fiscal era el ahora procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena.

Aquel acuerdo fue ampliado en septiembre de 2008, cuando el fiscal de Estado ya era Diego Carmona -actual subsecretario de Seguridad de la provincia-, con la firma de una “adenda” -algo que se añade a un escrito anterior-, ya que ese año se sumaron más reclamos al expediente 4.445/05, lo que elevó el reclamo global por mala liquidación de regalías a unos mil millones de dólares.

Según el convenio original con Halperin y Hutchinson, los contratados percibirían una retribución en caso de que la provincia del Chubut obtuviera el reconocimiento de los derechos económicos de su reclamo a la Nación, pero no queda claro qué ocurriría en el caso de que, como finalmente sucedió, la provincia desistiera de seguir adelante por cuestiones políticas.

Los que conocen el paño creen que esos honorarios podrían ser varias veces millonarios, y que si finalmente hay que pagarlos, los funcionarios que intentan convencer al gobernador Buzzi que desistir de los juicios sería un buen gesto político hacia el Gobierno nacional, deberán dar más de una explicación.