Julián Robayna, quien milita abiertamente a favor de la candidatura de Carlos Arroyo, es inspector municipal y se encuentra entre la espada y la pared en este conflicto, ya que la situación aparece desbordada.

Según los videos, que se han conocido en otros diarios digitales, en los mismos aparece Robayna en funciones intentando negociar sin éxito con los trabajadores.

La protesta ha sido caracterizada como un acto de campaña política, aun cuando sus fines y objetivos se pueden compartir pero en un contexto reglamentado por ordenanzas vigentes, que salvaguardan la salud pública y apuntan a conservar la higiene de la ciudad.

Los choripaneros se han organizado y pugnan por sus lugares de inserción en puestos de trabajo, pero no son proclives a respetar orgánicamente las resoluciones del Concejo Deliberante ni la de los ciudadanos que sólo pretenden circular libremente por la zona.

La actividad ha crecido, hasta con algún descontrol. Pero subidos a la protesta social degeneran sus derechos y sus razones. Es más debería hacerse un censo de los mismos y adecuar la actividad bajo normas que preserven la salud pública, algo que ahora a todas luces no cumplen.

Este tipo de protesta son propias de tiempos electorales, no obstante existir un reclamo legítimo, pero todo dentro de la ley y sin la utilización política indebida.