El 9 de septiembre, Julio “Chocolate” Rigau entró a la zona de cajeros del Banco Provincia, en pleno centro de La Plata, y por más de 20 minutos sacó dinero con distintas tarjetas. Una persona que estaba viendo la situación se acercó a la garita de guardia urbana en Plaza San Martín y explicó lo que pasaba a dos agentes. Ellos llamaron al 911. Dos miembros del Comando de Patrulla de la ciudad que estaban a unas cuadras se presentaron, interrogaron al sospechoso, revisaron la bolsa negra en la que guardaba más de $1,2 millones, tickets de las extracciones y 49 tarjetas de débito. Se lo llevaron detenido. 

Ni el affair Insaurralde ni el “caso Chocolate” impactaron en el debate, un ida y vuelta tibio en medio de la crisis

Julio “Chocolate” Rigau tiene 65 años y trabaja como electricista en la Cámara de Diputados bonaerense. Las tarjetas de débito que tenía en su poder pertenecían a otras personas que cobraban sueldos, de aproximadamente $500.000, de la legislatura provincial. Contratados tanto en el bloque del Frente de Todos y del Frente Renovador como en el de Juntos por el Cambio.

El presidente de la Legislatura bonaerense es Federico Otermín, un dirigente de máxima confianza de Martín Insaurralde, quien esta semana protagonizó un escándalo por aparecer en fotos y videos junto con la modelo Sofía Clerici de vacaciones en un yate en Marbella, en pleno verano europeo y en plena campaña electoral, y justo en la semana en que el INDEC difundió que la pobreza en el país llegó al 40,1% de la población.

Algunas de las tarjetas que tenía Rigau pertenecían también a parientes suyos. En declaraciones que dieron a la Justicia, todos los titulares de los plásticos, menos uno, afirmaron haber brindado consentimiento para que “Chocolate” retirara sus sueldos por una cuestión de “practicidad”.

El caso tuvo un gran impacto político en medio de la campaña tanto que llegó al debate presidencial en Santiago del Estero. La candidata de la Izquierda Miriam Bregman dijo en su presentación: “Los vas a escuchar hacer promesas de campaña e incluso pelearse, pero están todos implicados en el escándalo de ‘Chocolate’ en la Legislatura de Buenos Aires”.

Julio Segundo Rigau es referente político en la zona de Melchor Romero y dicen sus vecinos que en su casa a veces funciona un merendero. En 2019 integró como concejal suplente una lista del precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos.

¿Qué pasó después de las extracciones? 

Una vez en la comisaría primera de La Plata los oficiales se comunicaron con la fiscal de la UFI N° 2, Betina Lacki, que inició la investigación. La fiscal interrogó a algunos de los titulares de las tarjetas que tenía Rigau, todas personas que cobraban sueldos de la Cámara de Diputados bonaerense. También ordenó un allanamiento en el que secuestró dos teléfonos y un cuaderno. El juez de garantías Federico Guillermo Atencio finalmente inició una causa penal contra Julio Rigau por 177 defraudaciones reiteradas consumadas y otras 45 en grado de tentativa. 

La defensa de Rigau, Julio María Gascón, Ángel Molina y Alfredo Gascón, no apeló la decisión del juez Atencio. Directamente recurrió con un habeas corpus, una medida en la que se le pide al juez que analice la legalidad de una detención, a la Cámara de Apelaciones de La Plata.

Los argumentos de la defensa fueron que “la policía injustificadamente se entrometió en su privacidad [la de Rigau] sin justificar comportamiento delictivo alguno, dando origen a la presente investigación, violentando garantías constitucionales como ser la libertad ambulatoria, privacidad y debido proceso”. En ese mismo escrito pidieron la nulidad de la actuación policial y la inmediata liberación de su defendido.

El caso lo tomó la sala 3 de la Cámara de Apelaciones integrada por Juan Alberto Benavides, Alejandro Villordo y Fernando Mateos. El 21 de septiembre resolvió, con el voto en disidencia de Mateos, que la policía hizo mal su trabajo y por lo tanto declararon la nulidad de la causa. 

“Según mi entender, la circunstancia de realizar operaciones a través del cajero automático por espacio de 20 minutos no habilita la requisa sin orden judicial que se le efectuara a Julio Rigau ni menos aún su traslado a la seccional policial, sin anoticiamiento previo cuando menos a la fiscalía de turno”, argumentó Benavides. “Tales extremos llevan a repensar los límites de injerencia de la policía en la vía pública en los derechos fundamentales de la persona”.

Chocolate Rigau fue puesto en libertad, después de 12 días.

La última novedad judicial se dio el viernes pasado cuando el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, recurrió la decisión de la Cámara de Apelaciones. Ahora el caso irá al Tribunal de Casación que deberá decidir si concede el recurso o rectifica la nulidad.

Además, a la querella, la acusación, se sumó la ONG Poder Ciudadano como particular damnificado. “Uno de los objetivos estatutarios de Poder Ciudadano es luchar contra la corrupción, por eso en causas en las cuales exista algún indicio en este sentido tenemos una inquietud particular”, explicaron a elDiarioAR. “La intención de Poder en este expediente es justamente buscar qué pasó y no quedarse con el sabor amargo”, explicaron. 

En este momento, la causa está parada, no hay nadie investigando lo que pasó. Sin embargo, eso podría cambiar si Casación concede la apelación de Vogliolo y la que hará también como particular damnificado Poder Ciudadano. 

La estrategia de Poder Ciudadano será la de argumentar que no hubo fallas en el operativo de detención de Rigau. Tienen un plazo de 20 días corridos para presentar el escrito y apelar la decisión de la Cámara. Su estrategia es demostrar que hubo flagrancia. 

“La Cámara dice que no se podía inferir que estaba cometiendo un delito y que tendrían que haber consultado primero a la fiscalía para ver si se podía revisar a esa persona o no. La policía lo revisó, se lo llevó a comisaría, revisó las tarjetas de débito y cuánta plata tenía y recién ahí hablaron con el fiscal. Entonces, lo que está diciendo la Cámara es que ya era tarde la llamada al fiscal en ese momento”, explicaron. 

Agregaron que “la cuestión de índole jurídica en discusión es señalar si hay flagrancia o no hay flagrancia, si era evidente que la persona en ese momento estaba cometiendo un delito, si la policía tenía facultades para requisarlo o detenerlo eventualmente, o no”. 

¿Qué significa la flagrancia? Quiere decir que se encuentra a la persona cometiendo el delito con las “manos en la masa” y eso habilita a la policía a actuar sin necesidad de consultar con ninguna autoridad judicial.

En el resto de los casos, si hay sospechas de delito, las fuerzas que intervengan deberán hablar con una fiscalía o un juzgado para explicar la situación y obtener el visto bueno para actuar. Esta medida busca prevenir las detenciones por “portación de cara”.