Para sorpresa de muchos, el Gobernador Alperovich afirmó que si bien “se nos puede haber escapado algo, en estos 10 años no hubo corrupción”.
Lo que quizás en realidad quiso decir el Gobernador es que en estos últimos años lo que no hubo fue condenas por corrupción. La afirmación en ese caso es verdadera: ningún funcionario de su gestión fue jamás enjuiciado. El motivo reside en varios fenómenos, para comenzar, en que no existe en Tucumán Fiscalía Anticorrupción (Alperovich mismo la disolvió en 2005). Tampoco hay Ley de Ética Pública. Otro “detalle” es que gran parte del Poder Judicial fue designado a dedo por el Gobernador, y otro importante sector de la Justicia tiene a sus hijos trabajando para el Poder Ejecutivo. En cuanto a la Legislatura no hay mayores garantías: la comisión de Juicio Político está integrada casi en su totalidad por legisladores oficialistas y sólo un opositor, y su presidente es el ultraalperovichista Sisto Terán.
En realidad ese “algo” que se le pudo haber escapado al Gobernador José Alperovich no es un solo hecho, son varios, e implican en algunos casos millones de pesos y en otros, directamente vidas humanas.
La Fundación PIBE
Las sospechas de corrupción se remontan a la prehistoria alperovichista. Uno de los “algo” que se le habrá “escapado” al Gobernador involucra directamente a su esposa. En 2001 el entonces Fiscal Anticorrupción Esteban Jerez inició una investigación a la Fundación PIBE, de Beatriz Rojkés de Alperovich, por presunto desvío de fondos de publicidad oficial. En un principio se habló de $125.900 girados en un solo mes, pero más tarde se supo que se investigaba más de $1 millón. En aquellos tiempos, el Ministro de Economía era, justamente, José Alperovich. Pero todo cambió en 2003. Alperovich llegó al Gobierno, nombró a dedo al Juez que entendería en la causa. Francisco Pisa asumió el 14 de Diciembre de 2004. Siete días más tarde, Beatriz Rojkés de Alperovich ya estaba sobreseída. Al año siguiente, la Fiscalía Anticorrupción fue disuelta. Carlos “Chiqui” López, que participó de la investigación, nunca más consiguió trabajo en el Poder Judicial, pese a haber concursado 6 veces y haber resultado ternado, tres de las cuales resultó ganador.
Antecedentes
El mismo Alperovich ya arrastraba denuncias por peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y violación de los deberes de funcionario antes de asumir como Gobernador. Cuando todavía era Ministro de Economía fue investigado por haber adelantado vencimientos de títulos de la deuda provincial a para una empresa de aviación que se comprometió a una serie de viajes semanales a Brasil, según una investigación de Diego Rojas publicada en el libro “El Kirchner ismo Feudal”.
La obra pública
Los primeros años de gobierno de Alperovich coincidieron con lo que se llamó el “boom de la construcción”, especialmente de obra pública. Durante los primeros 7 años, la inmensa mayoría de las construcciones que se realizaron en Tucumán no fueron licitadas, sino adjudicadas directamente. En muchos de los casos, adjudicados a empresas propiedad de familiares directos del Gobernador.
Según consignan los periodistas Nicolás Balinotti y José Sbrocco en su libro “El Zar Tucumano”, las cifras del negociado son, por lo menos, preocupantes:
Tecno Construcciones SRL es propiedad de Eduardo Temkin, marido de la Ministra de Educación Silvia Rojkés de Temkin y concuñado del Gobernador. Durante los primeros años de la gestión le fueron adjudicados al menos $72 millones para construcción de 269 viviendas en Villa Quinteros y Villa Carmela.
B&M SRL es propiedad de Oscar Mirkin, primo del Gobernador. Luego de haber recibido sin licitación $59 millones para la construcción de viviendas, desagües y otras obras, se retiró de la empresa y asumió Secretario de obras públicas, cargo que detenta hasta hoy.
Gama SRL pertenece a Jorge Garber, primo del Gobernador. Recibió $114 millones para construcción de viviendas, desagües cloacales y la remodelación del Hospital Padilla. Actualmente, Garber es Presidente del Club San Martín.
La empresa Luxury BH SA cuenta entre sus socios a Rubén Ricardo Rojkés, también socio de Alperovich en Avanco y en Alperovich SA; y José Eduardo Laks, síndico suplente de Alperovich SA. Recibió $2,1 millones.
Alperovich anunció como un éxito apenas comenzado el año 2011 que “El 95 por ciento del plan de obras lo llevaron adelante empresas privadas que reactivaron el sector y demandaron más puestos de trabajo. No debemos olvidar que la obra pública está asociada a no menos de 70 industrias en forma directa”.
En Tucumán no existe ninguna ley de ética pública que restringa a los funcionarios ser contratistas del Estado. En cambio, a nivel nacional, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción le había recomendado a la presidenta Cristina Kirchner que dejara de ser la directora suplente de la consultora Los Sauces porque podía ser incompatible con la jefatura del Estado.
Subsidios millonarios
En el año 2007 Alperovich entregó a Rubén “La Chancha” Ale un subsidio por casi un millón de pesos para que el club San Martín, ampliara su tribuna. La obra nunca se realizó, y nadie supo nunca qué ocurrió con el dinero. La persona que recibió el subsidio había estado presa por homicidio en dos oportunidades, además de haber sido detenido en otra oportunidad por tenencia de armas de guerra, además de ser denunciado por amenazas, lesiones en banda y daño intencional. La “Chancha” Ale había formado una remisería con la más poderosa flota de vehículos de la provincia, todos ilegales. Cuando Alperovich le dio el subsidio, ya había sido acusado de haber participado en el secuestro de Marita Verón. Más tarde, durante el juicio, se supo que obligaba a mujeres a prostituirse, además de tener control del manejo de la droga en la Provincia. Más tarde fue detenido por la denuncia de haber comandado la banda armada que el 1º de febrero de 2011 usurpó una finca de Los Pereyra y se alzó con medio millón de pesos en granos de soja, que comercializó en el mercado negro. Actualmente, está siendo investigado por la Unidad de Investigación Financiera, a cargo de José Sbatella, por ser presuntamente "cabecilla" de "una asociación ilícita dedicada a la trata de personas para explotación sexual, defraudaciones, cambio de cheques y lavado de activos".
El titular del Banco Macro, Jorge Brito, recibió en 2009 un subsidio por U$S9 millones (no, pesos no, nueve millones de dólares) para la construcción del Hotel Hilton en Tucumán. El subsidio fue aprobado por la mayoría Alperovichista en la Legislatura, pese al pataleo de la oposición, que además reclamaba por la exención impositiva de 20 años que se le otorgaba, mientras a otros empresarios se les aumentaba la presión fiscal, especialmente Ingresos Brutos, que aumentó dos veces en el mismo año. Durante los días previos a la inauguración, testigos afirmaron que se destinaron a varios empleados municipales para que la obra estuviera lista en la fecha prevista. El Gobernador le ofrendó además el desalojo de los históricos puesteros de verdura de la zona y el cierre de la totalidad de los locales bailables del lugar.
En abril de este año, el Alperovichismo otorgó $2 millones a empresarios del Hotel Howard Johnson para la construcción del inmueble.
Además ordenó pagar el 30 por ciento de los sueldos de las empresas de Call Center, sospechadas de ser de su propiedad a través de testaferros.
Encubrimiento
El Gobierno de Alperovich firmó de puño y letra los ascensos y confirmaciones en los cargos de todos los sospechados de encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos.
Enrique García, que confesó haber adulterado las actas, fue ascendido a Jefe de Logística.
Los entonces Jefes y Subjefes de Policía, Hugo Raúl Sánchez y Nicolás Barrera fueron reafirmados en sus puestos durante 6 años.
El entonces Jefe de la Regional Norte, Rubén Brito fue suspendido de su cargo por las maniobras de encubrimiento, pero más tarde fue ascendido a Jefe de Bomberos y actualmente está jubilado.
El entonces Ministro de Seguridad, Pablo Baillo, que debió renunciar por el encubrimiento, más tarde fue contratado nuevamente por Casa de Gobierno como “Asesor”.
El entonces Secretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, fue reafirmado en su cargo durante años. Jamás recibió un llamado de atención por el hecho.
La Caja Popular de Ahorros
La Caja Popular no es el único ente autárquico que se encuentra intervenido por el Gobierno de José Alperovich. Son seis las reparticiones que desde hace 8, 10 y hasta 22 años se encuentran intervenidos: la mayoría maneja jugosos fondos. Pero quizás el de la Caja Popular sea el más llamativo. El funcionario que colocó Alperovich al frente es investigado por su pasado penal, además de contar con numerosas denuncias laborales y de deudas. Apenas asumido, comenzó con los despidos, por lo que el Ministerio de Trabajo lo intimó a reincorporar a los empleados cesanteados. Nunca cumplió. Al mismo tiempo, dejó la puerta del organismo abierta para que el Gobierno de la Provincia retirara los fondos de garantía, y los devolviese cuando quiera. En la actualidad, hay $15 millones que no fueron reintegrados y no se sabe para qué fueron usados.
Los casos más recientes
En agosto de 2011 se descubrió que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo había pagado sobreprecios, cobrado por obras que ya se habían hecho y pagado a empresas fantasma (a nombre por ejemplo de un vendedor de choripanes y una empleada doméstica) jugosas sumas. Su titular renunció, y la causa avanza a paso muy lento, pese a la creciente presentación de pruebas. Entre las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, se encuentra un gasto por casi $ 644.000 para la construcción de rampas para discapacitados: según los expedientes, fueron colocadas 840; sin embargo, los inspectores sólo hallaron 112. La firma contratada para colocar las rampas fue "Arquitecto Julio César Villafañe", a la que se le abonó un total de $ 344.200 a través de cuatro expedientes. Entre ellos consta, por ejemplo, sinsentidos como la colocación de 50 plataformas para discapacitados en la esquina de Padre Roque Correa y Corrientes, y 100 en otra (el expediente se llama "pasaje M. Gómez, Thames y Zavaleta"). Se calcula que el total que se pagó por obras que no se hicieron asciende a $5,8 millones.
El interventor del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, es investigado por sobreprecios de hasta un 44% en la construcción del mega barrio Lomas de Tafí. La denuncia presentada este año es la segunda: en 2006 ya se había iniciado una investigación similar.
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