El hidrocarburo “no puede ser cero”, dijo a los periodistas el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, quien viajó ayer a Punta Arenas, unos 2.300 kilómetros al sur de Santiago, para reactivar las negociaciones con la Asamblea Ciudadana, entidad que convocó al paro cívico que cumplió ayer su sexto día. El proyecto original del gobierno era ajustar un 16,8% el precio del gas, principal combustible de la zona, que sus habitantes reciben subsidiado pero debió retroceder tras el rechazo social que provocó la medida. Los persistentes cortes de ruta incluso afectaron a la vecina provincia argentina de Tierra del Fuego, que quedó prácticamente aislada, lo que derivó en contactos entre las Cancillerías de ambos países para seguir de cerca la situación (ver pág. 20).

Golborne consideró “razonable” un alza del 3%, similar a la variación que alcanzó la tasa de inflación en 2010, pero la Asamblea rechaza directamente cualquier suba, aunque están empezando a surgir divisiones en torno a este punto.

La vocera del gobierno, Ena Von Baer, justificó nuevamente el anuncio de aplicar la ley de seguridad interior a los responsables de las protestas, debido a la alteración del orden público.