Omar Giuliani, educador responsable de Ruca Hueney, y Marcelo Giacoia, juez de Responsabilidad Penal Juvenil, encabezaron una charla debate sobre la ley para bajar la edad de imputabilidad penal, organizada por Constituyente Social Luján.

Los panelistas se mostraron en contra de la disminución de edad que propone la ley y dieron los motivos por los que consideran esta normativa como anticonstitucional.

Giacoia consideró que reducir la cuestión de la seguridad a una disminución de la edad de imputabilidad es algo que no se corresponde con la realidad. “Si uno mira las estadísticas oficiales de la Procuración de la Corte, en el primer semestre del año pasado, pibes menores de 18 años participaron en situaciones de conflicto con la ley penal, en causas que fueron denunciadas, en un 4,1 por ciento”.

Además, argumentó que los documentos producidos por el Comité de los Derechos del Niño, plantean como piso los 12 años, pero al mismo tiempo, recomiendan que aquellos países con una edad superior, no la bajen. “Entonces bajarla significaría afectar un principio de regresividad, porque Argentina tiene un standar establecido en los 16”.

Por otro lado, Giacoia explicó que esta medida también va en contra del Sistema de Protección y Promoción de Derechos, que indica que la intervención desde el Sistema Penal debe ser mínima, algo que no se cumpliría si se baja la edad de imputabilidad.

El juez también se tomó un tiempo para aclarar ciertas cuestiones. Manifestó que es necesario contar con “ingeniería institucional” para poder contener a los menores y que la intervención del Estado debe existir, pero para proteger los derechos y no para sancionarlos penalmente.

Por su parte, Giuliani, expresó la necesidad de “correr el eje de discusión” para resolver los conflictos, algo que no se lograría con bajar la edad de imputabilidad. Explicó que es importante contemplar otro significado de la palabra “inseguridad”. “Inseguridad es que no haya cloacas, agua potable, un sistema educativo que contenga a nuestros pibes, o un sistema de salud que contenga a nuestros pibes y a las madres”, manifestó.

En ese sentido, agregó que sería necesaria una mejor distribución de la riqueza, para abordar cuestiones más profundas que hacen a este tema. “Si distribuyéramos el 1,7 por ciento de nuestro Producto Bruto Interno estaríamos terminando con el hambre, por lo menos lo inmediato. Y ni que hablar si pudiéramos distribuir cerca del 7 por ciento de ese PBI. Estaríamos hablando de modificar cuestiones estructurales y como la pobreza”, mencionó.

Con respecto a la inconstitucionalidad de la ley que contempla bajar la edad de imputabilidad, Giuliani explicó que Argentina asumió un Tratado Internacional de Derechos Humanos que plantea que ninguna nueva ley puede ser regresiva a un derecho conquistado anteriormente. “Toda ley nueva que se dicte tiene que ser progresiva, para construir mayores derechos. Pero Scioli invierte en Policía y en Gendarmería, y considera que la política pública para resolver el conflicto de la niñez es esta”, enfatizó.