El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ley de pases a planta provincial sancionada a fines de 2007 sigue levantando polémica. El secretario general de la Gobernación, Juan Chaquires, dijo que “hay cuestiones políticas que fueron manejadas en su momento por parte de la Alianza que vienen a entorpecer una gestión que de buena fe lleva adelante Jorge Capitanich.
“Hablan de principios republicanos cuando en su momento se quiso desconocer el triunfo del Frente, lo que se repitió dos años después al no querer reconocer la presidencia de la Legislatura. Este tipo de normas sancionadas, como la Ley 6028, no son más que la práctica para generar dificultades luego de conocer la derrota electoral tras 12 años de gobierno”, expresó el funcionario.
También resaltó que “de ninguna manera estaríamos ante una situación de legalidad, por cuanto esas leyes no resisten el menor análisis de tiempo u oportunidad que son necesarios para hablar de legitimidad”.
Chaquires también hizo mención a que “solucionar la situación del personal precarizado fue una preocupación constante del gobierno actual que se materializó con las leyes 6655 e incluso la 6656 que creó un registro para revisar los contratos con anterioridad. Esto nos demuestra que estamos ante una avanzada nuevamente de prepotencia que nos hace acordar a las bravuconadas de un dueño de la pelota. Hoy vuelven a querer entorpecer la gestión gubernamental y hacer valer estas normativas”.
Por último, aseguró que “sabemos que por el momento son fallos de cumplimiento imposible, porque lo único que provocarían sería un perjuicio económico ostensible al Estado cambiando la situación de revista de contratados beneficiarios de esas leyes que se encuentran trabajando en el Estado”.


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