Mientras hace lobby entre los gobernadores para ser presidente del PJ e impulsar su candidatura presidencial, Jorge Capitanich no tiene todo bajo control en Chaco, donde una denuncia por estafa podría complicarle los últimos dos años de gestión.

El caso nació por una denuncia realizada de los once capacitadores de la Universidad, que habrían sido obligados sobre facturar en blanco, para luego cobrar sólo 1.200 pesos.

Lo hacían en el marco de un convenio entre los Ministerios de Desarrollo Social y de Educación chaqueña, implementado para la Universidad Popular, mostrada por Capitanich como una estrella de su gestión.

Educación estuvo hasta hace poco a cargo de Francisco “Teté” Romero, un incondicional de Capitanich. También lo es la ex Ministra de Desarrollo Social Beatriz Bogado, líder histórica del gremio estatal (UPCP) y diputada provincial entrante.

El caso es de corrupción, esta caratulado como “estafa” y lo tiene el fiscal Ernesto Azcona, es el expediente del fiscal general de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Héitor Lago.

El magistrado advirtió el faltante de $ 38.760 como diferencia entre lo que la Universidad Popular pagaba a los capacitadores, entre ellos Robledo, y las facturas que rendía ante el ministerio.

Federico Robledo, uno de los denunciantes, relató al Diario de Chaco el modus operandi. “Éramos once los que trabajábamos en el marco de un convenio, pero la nómina de los que supuestamente trabajaban era de treinta personas”.

“Una era la mujer de Gabriel Deli (uno de los coordinadores del convenio por parte del ministerio, integrante del área de Capacitaciones de la Subsecretaría de Economía Social), otra era la mujer de Maximiliano Aguirre (el otro coordinador, 'encargado de becas'); todos los hijos de Natacha Fanti (hermana del titular de la UP) y había otro muchacho que era amigo de uno de los hijos de Natacha. Ellos no tenían un sueldo 'común': cobraban más por el trabajo que supuestamente hacían”, reveló.

La causa fue tramitada con estafa por la fiscalía 9 de Chaco. Según la abogada de los trabajadores Inés Reina, ellos “estaban un lugar mucho más vulnerable y aceptan también firmar facturas en blanco para cobrar, obviamente”.

“Ellos no lo sabían en su momento, por eso la tipificación penal de estafa, porque hay un engaño, un ardid; no sabían cuánto era lo que tenían que cobrar justamente porque no había contrato: 'Firmá acá y te pagamos a fin de mes', -ejemplifica-, y uno con la necesidad que tiene como trabajador por supuesto que accede a eso”.

La reacción de Fanti no fue de la más diplomática. “Son unos vagos que tienen unos vicios de la administración pública y de atorrantes”, los acusó. Y explicó, papeles en mano, que nunca habría acudido en una maniobra de estafa. Pero todavía debe demostrarlo en Tribunales.