De esta manera, con el aval de todas las fuerzas políticas, dos poderes del Estado santafesino reforzaron el cerrojo sobre el mercado supermercadista provincial, clausurando la posibilidad de que desembarquen grandes cadenas comerciales. La medida fue el resultado de una intensa tarea de lobby iniciada el año pasado por las cámaras que agrupan a los comercios minoristas en las distintas regiones de la provincia, para hacer frente a una nueva ola de desembarcos de grandes cadenas.

El conflicto estalló cuando en algunas ciudades, como el caso de Santa Fe, los gobiernos locales dieron su aval para la radicación de hipermercados, a partir de una interpretación particular de la ley 12.069, que regula el mercado y limita la apertura de grandes superficies comerciales.

Si bien la autoridad de la aplicación de la ley es el gobierno provincial, algunos municipios interpretaron que el marco regulatorio podría ser reinterpretado por los ejecutivos locales. Pero a su vez, interpretaban que el artículo 31 de la norma permitía eludir los límites que ponía a la radicación de nuevos emprendimientos el coeficiente entre población y superficie comercial instalada que indica el marco regulatorio.

El artículo 31 establecía que mientras no se constituyeran los consejos asesores regionales, los municipios y comunas estaban facultados a permitir aumentar la superficie comercial instalada hasta un 25 por ciento. "Estas interpretaciones, sumadas a falencias en la reglamentación de la ley, como así también las demoras en las integraciones de los Consejos Asesores Regionales, condujeron a que virtualmente todos los límites establecidos en la norma no se aplicaran", dijeron los diputados Lacava y Frana.

La pelea que resultó en esta reforma enfrentó a las cámaras que agrupan a los supermercadistas y pequeños comerciantes de la provincia, fundamentalmente con el intendente de Santa Fe, Mario Barletta, por la radicación de nuevos centros comerciales en esa ciudad.

Con un fuerte despliegue, estas agrupaciones y centros comerciales lograron atraer la voluntad del gobierno provincial y los legisladores para cerrar cualquier camino de una interpretación alternativa al espíritu de la ley: que no se radique un híper más en la provincia.

En ese derrotero, a fines del año pasado lograron que el Ministerio de Producción suspendiera la extensión de los certificados de factibilidad que habilitan al desarrollo de nuevos emprendimientos comerciales de envergadura por 90 días. También se creó una comisión multisectorial y con autoridades municipales para trabajar sobre aspectos discutibles de la reglamentación de la ley. Esa suspensión se prorrogó ayer por otros tres meses.

Pero, paralelamente, se siguió el camino legislativo, a partir del proyecto elaborado por Lacava y Frana, que fue aprobado por unanimidad en la Cámara baja y convertido en ley por el Senado.

Por casa. Así, se refuerza el cerrojo sobre la apertura de nuevas bocas supermercadistas. Si bien la norma es pareja para los capitales foráneos y autóctonos, entidades como el Centro Unión Almaceneros vienen denunciando que no se cumple en el caso de las cadenas con sede en Rosario.