Se trata de una decisión del director del Servicio Penitenciario Federal, Alejandro Marambio, quien ordenó que los 25 condenados por delitos de lesa humanidad alojados en en esa prisión pasen a Marcos Paz, donde estarán con presos comunes.
"En una resolución basada en las fallas de seguridad existentes, en lo inapropiado de Campo de Mayo para alojar presos y con un sentido democrático de igualdad ante la ley, se tomó la decisión de finalizar esta diferencia a favor de los genocidas", informó el funcionario.
Según la nota oficial, el edificio "presenta falencias funcionales, las que constituyen un factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa".
Marambio destacó: "Este es un avance más de la política de Derechos Humanos del Gobierno nacional y un claro cumplimiento de los articulados de la Constitución y de los pactos supraconstitucionales, como el de San José de Costa Rica".
Según se indicó, "los 25 responsables de lesa humanidad, encarcelados en un espacio para 50, pasarán a ser `presos comunes´ y a recibir el trato, de respeto por sus derechos, pero que corresponde a su estatus".
En la argumentación, se observó que "la composición etaria de dicha población penal, requiere de una permanente asistencia en materia de salud", por lo que hay que cubrir esa situación "principalmente a través de los hospitales militares", traslados que fueron prohibidos a fines de julio, luego de la fuga de los represores Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, quienes habían llegado desde San Juan para hacerse estudios en el Hospital Militar Central Cosme Argerich.
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