El Centro de Panaderos de la ciudad de San Luis decidió fijar en seis pesos el precio mínimo al que los comerciantes deberían vender el kilo de pan en mostrador. El valor que sugieren fue acordado en una reunión de la que participaron cerca de cincuenta panaderos.

Juan Calderón, presidente del Centro, contó a El Diario que el piso de seis pesos fue decidido por los panaderos que participaron de la reunión, pero “no de manera unánime”. Según dijo, hay algunos comerciantes que lo van a vender más caro porque sino “no les cierran los números”. Otros, sin embargo, afirman que aún pueden venderlo más barato que el precio sugerido.

Los panaderos del Centro también acordaron aumentar el precio de la producción de las panificadoras que hacen el producto para reparto, más barato que el que fabrican para venta al público. “El pan de reparto estaba a alrededor de tres pesos y de ahora en más se vende entre $4 y $4,50”, señaló Calderón, quien agregó que sin embargo, a ese valor hay que sumarle el costo del transporte y lo que adicione a ese precio el comerciante que hace la reventa, que varía según el caso.

El reajuste aplicado por muchos es consecuencia de la dificultad que tienen los panaderos para conseguir harina barata. Desde hace varios años, el gobierno nacional subsidia la producción de esa materia prima clave para los panaderos con el objetivo de despegar su costo del precio internacional del trigo. Los molinos venden a un valor máximo fijado por el Gobierno que, dado el precio del cereal, hace que la industria trabaje a pérdida hasta el momento en que recibe las compensaciones de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA).

El problema es que ese organismo, que fue disuelto por un decreto presidencial en febrero, no paga los subsidios desde hace alrededor de siete meses y muchos molinos pequeños han dejado de producir por carecer del capital necesario para comprar materia prima. Tampoco pueden vender su producción a un mayor precio que les dé ganancia, dado que en ese caso los molineros corren el riesgo de que el gobierno nacional no les pague lo que adeuda, una suma que en total asciende a unos 2 mil millones de pesos, según el diario La Nación. La consecuencia es que muchos optan por dejar de producir y esperar a que el Gobierno cumpla con los pagos.

Ante esa situación, los panaderos aducen que los molinos grandes que siguen produciendo han mermado las entregas por el aumento de la demanda y que, ante la escasez, la alternativa es recurrir a otros molinos que trabajan por fuera del sistema de compensaciones del Gobierno y que ofrecen el producto a alrededor de 85 pesos la bolsa.