La conducción de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá está en el ojo de la tormenta desde hace mucho tiempo. Al eterno problema de la provisión de agua en la Capital del Monte se suman los escándalos por polémicas contrataciones. En uno de esos casos, la Justicia abrió una causa y en las próximas semanas el magistrado interviniente debe definir si llama a indagatoria al presidente del Consejo de Administración, Carlos Míguez, al actual síndico titular, Hugo Binder, y al ex tesorero Jorge Sklepek, por la supuesta duplicación de un contrato vinculado con el mantenimiento del sistema informático de la entidad.

Hace unos días prestaron declaración testigos citados por el juez Horacio Heriberto Alarcón. Se trata de un ex síndico, un experto informático y el auditor externo. El relato más sustancioso fue el del primero, quien había alertado que se había producido la duplicación del contrato por el cual se encomendaba a una firma el control, la reparación y el seguimiento del soporte informático de la Celo.

El primero de los contratos se firmó en 2009, entre la cooperativa y la firma Next Step SRL. En agosto de 2012, según la denuncia, se rubricó otro, de similares características y con la misma empresa. El primero fue por 535.000 dólares y el segundo por 840.708 pesos. “Lo grave de todo esto es que es la plata de los socios la que está en juego”, opinó el abogado y ex convencional obereño Rafael Pereyra Pigerl.

Mientras el mar de sospechas se encrespa cada vez más, el servicio de agua de la entidad, por ejemplo, continúa con muchas falencias. “Estamos ya con bajas temperaturas y hay barrios que todavía carecen de una provisión de agua digna. Continúan los cortes. Sabemos que el acueducto que está en construcción será más que importante y le estamos agradecidos al Gobierno provincial, pero hay otras cuestiones de infraestructura que no se tienen en cuenta y que van a hacer colapsar el sistema. Hay sectores de la ciudad que todavía cuentan con caños de concreto. Tenemos que hacer como en Puerto Rico, que reemplazaron esos caños por otros de acero inoxidable”, sostuvo Pereyra Pigerl.

Mientras la denuncia por el caso de los contratos mellizos del sistema informático desanda los caminos judiciales, hay otra denuncia que está en ciernes. Esta semana mediante una nota formal, socios de la cooperativa solicitaron al síndico de la entidad que le dé intervención a la Justicia Penal en el que sería un nuevo caso. “Esta vez mediante una maniobra que habría beneficiado a un empresario perforador de un pozo que debió abastecer al parque termal. Según consta en el contrato de obras al que accedieron los socios, el empresario debió culminar una perforación de 1.144 metros para la extracción de agua termal, pero abandonó la misma sin concluir lo encomendado, valuado en U$S 410.000 + IVA, lo que representa un total de U$S 496.100, es decir casi medio millón de dólares. En lugar de exigir que el empresario tapara el pozo fallido y perforara otro, según le lo establecía el contrato, la Celo decidió alquilarle los equipos al mismo empresario y hacer por su cuenta la perforación, sin pedir previamente presupuestos a otros perforadores y por un monto de U$S 192.000 + IVA, lo que representa un total de U$S 232.320”, detalló el abogado en un comunicado difundido el lunes.

En un contacto con Misiones Online, el ex convencional añadió que el perforador contratado llegó hasta los 1.030 metros y se rompió trépano (la herramienta de corte que lleva la punta de lanza de la máquina para perforar). “Necesitamos que el síndico asuma su rol porque existe ese cargo para el contralor de la legalidad de lo actuado por el Consejo de Administración. Los socios ya hicimos denuncias penales con anterioridad, pero al existir un funcionario dotado de dicha potestad, es lógico que esperemos que cumpla con sus funciones”, explicó Pereyra Pigerl.

“Hay lesiones de carácter patrimonial que estaría sufriendo nuestra cooperativa, según emerge de la copia del contrato de perforación para el parque termal al que tuvimos acceso después de mucho penar para conocer esa información”, confió.

Ahora, el síndico Hugo Binder tiene la palabra.

“Pasan muchas cosas que no quedan claras. Por dar un ejemplo: la Celo factura alrededor de 200 millones de pesos y es una entidad que no deposita los cheques de terceros que recibe, sino que los endosa y los utiliza así. Esto hace imposible cualquier tipo de control serio”, remató el abogado.