El artículo 86 del Código Penal es el que establece y prevé los casos en los cuales la realización o práctica de un aborto no supone una penalización. Según indica, la interrupción de un embarazo no es punible: “si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios” o “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”.

De esta manera, y bajo esos parámetros, nuestro país se rige con un modelo de penalización mediante excepciones de punibilidad. Sólo en tres supuestos, la interrupción del embarazo no es entendida como un delito penal.

Pero lo cierto que estos cánones conviven en colisión con los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, deseos y proyecciones. Ciento de organizaciones y movimientos feministas, principalmente, luchan desde hace décadas por la modificación de este articulado. Entienden que cada cual debe poder elegir sobre la continuidad o interrupción voluntaria de un embarazo. Consideran que la práctica del aborto debe ser legalizada para evitar “intervenciones clandestinas e inseguras” que por año se cobran la internación de casi 70 mil mujeres argentinas. Sostienen que la despenalización reducirá a cero el número de muertes por abortos insalubres.

La diputada nacional Cecilia Merchán (Libres del Sur) ingresó al Congreso un proyecto de ley para modificar el artículo 86 del Código Penal. Propone que todas las mujeres, sea cual fuere el motivo, puedan practicarse abortos hasta el decimosegundo mes de gestación y que tanto las clínicas privadas como los hospitales públicos garanticen “gratuita y seguramente” esa interrupción.

Merchán dialogó, en el marco de las actividades por el Día de la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, con el programa radial “Crítica Penal”, que se emite todos los lunes de 21 a 23 por FM De la Azotea 88.7. Aseguró que la iniciativa confeccionada junto con las organizaciones que componen la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, comenzará a debatirse este mismo mes en la comisión de Legislación Penal.

Dijo que el contexto político actual es el adecuado para abrir el debate que, interpretó, intentará ser obstaculizado por los sectores más conservadores y los “personajes” que viven del negociado de las interrupciones clandestinas, que al año moviliza unos 1200 millones de pesos.

-¿Qué es la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito?

-Es una campaña que comenzó hace cinco años y que nuclea a 250 organizaciones de todo el país, además de a especialistas de distintas áreas y materias. Lo que se plantea como objetivo, justamente, es llegar a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso, el proyecto de ley presentado (en el Congreso) ha sido construido por esta campaña y es apoyado hoy por 50 diputados y diputadas de la Nación.

-¿Qué plantea el proyecto de ley y en qué estado parlamentario está?

-Lo que plantea es la despenalización en todos los casos hasta la semana doce. Establece que esta práctica deberá realizarse en todas las obras sociales, en los hospitales públicos y en las clínicas privadas. De este modo, lo que se lograría es la equiparación de las condiciones para todas las mujeres.

El proceso es apoyado por muchos diputados y diputadas de distintos bloques y actualmente está en la comisión cabecera de Legislación Penal y su presidente ya se comprometió a que este proyecto estará en el temario. Calculamos que en octubre vamos a poder estar tratándolo por primera vez en las comisiones del Congreso de la Nación.

-¿En qué casos podrá accederse a una interrupción del embarazo pasados los tres meses?

-En los que tienen que ver con la salud de las mujeres: cuando está en riesgo su vida o cuando el embarazo no tiene viabilidad. O en caso de violación, claro.

-¿Qué establece el proyecto respecto a la objeción de conciencia a la que pueden obedecer los profesionales de la salud?

-Lo que está planteado en el proyecto es que el médico o médica tiene que tener un tiempo para efectivamente avisar en su clínica u hospital que no va a llevar adelante esta práctica. Y la institución deberá resolver de alguna otra manera esta situación. En doce semanas deberá resolverlo.

No queremos que lleguen más casos a la Justicia y justamente la necesidad de legalizar tiene que ver con eso, con que no se dilate más ninguna situación para ninguna mujer.

Cuando hay legalizaciones a medias, es decir para algunos casos, siempre termina en una interpretación de los médicos y de la Justicia. Y ello lleva a una dilatación que es terrible.

Hemos vivido la historia de la niñita de 14 años violada por su padrastro en Comodoro Rivadavia y esta niña tuvo que esperar mucho tiempo para poder acceder a un derecho, incluso cuando su caso fue de los abortos no punibles. Terminó en la justicia y no hacía falta.

Legalizar para que no haya dudas de que las mujeres tienen acceso y que se los garantice desde el Estado.

-¿Considera que es éste el contexto político adecuado para abrir la discusión en torno a la despenalización del aborto?

-Sí. Yo creo que un país que vive una situación donde más de 70 mil mujeres terminan al año internadas por abortos clandestinos e inseguros, merece hablar del tema. Cómo no vamos a hablar de algo que nos pasa. Cómo no vamos a tratar de resolver y mejorar la situación de millones de mujeres. Incluso, todas las encuestas indican y aclaran que la sociedad argentina quiere que se discuta este tema en el Congreso.

Por lo tanto, la responsabilidad recae fuertemente en los diputados y diputadas y es ahí donde tenemos que resolver la legislación.

-¿Cuáles son los obstáculos que podrían dificultar el tratamiento parlamentario de este proyecto?

-Yo creo que los obstáculos principales tendrían que poder saltearse porque es una realidad que hay entre 500 y 700 mil mujeres todos los años que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo.

Por qué es tan difícil poder avanzar en legalizar algo que efectivamente se utiliza de igual modo, más allá de que esté penalizado, más allá de la clandestinidad. Esta acción de legalizar simplemente traería una solución a los derechos de las mujeres en general, pero además una cuestión de justicia social porque todos sabemos que detrás de este debate hay una gran hipocresía que es que la mujer que tiene dinero puede hacerse un aborto clandestino seguro y la que no, se lo hace clandestino pero inseguro. Así terminan 70 mil mujeres internadas por año y muere una mujer cada dos días en la Argentina.

Puede ser difícil porque hay sectores conservadores, principalmente de la cúpula eclesiástica, que se oponen a cualquier avance en tema de derechos sexuales y reproductivos. En ese sentido, hay que decir que las personas que estamos con la interrupción voluntaria del embarazo somos las que más peleamos para que se implemente la ley de salud y educación sexual.

La cúpula eclesiástica ha tenido una postura cerrada en muchos temas y no sólo en lo que respecta al aborto. Lo mismo pasó con el matrimonio igualitario. Creo que están alejados no sólo del conjunto de la sociedad, sino principalmente de sus propios integrantes. Porque de las 500 mil mujeres que todos los años interrumpen embarazos, gran parte son católicas.

Sin embargo, estas cúpulas se niegan a la legalización del aborto y promueven, en definitiva, que haya más cantidad de embarazos no deseados.

-¿Qué hay del negociado en torno a la práctica del aborto clandestino?

Creo que es el contrincante o enemigo más fuerte, porque detrás de él se mueven 1200 millones de pesos por año. Estamos hablando de una cifra muy grande, y para compararla podemos citar el presupuesto que existe para el programa de educación sexual que es de cinco millones de pesos, nada más. Entonces creo que es esa corporación (la que vive del negocio) la que se niega a que se legalice.

-¿En los países que ya han despenalizado la práctica del aborto, qué consecuencias se han registrado?

-En la mayoría de los casos, se reduce a cero la muerte por esta causa. En Sudáfrica, que es un país con muchísima desigualdad, se redujo a cero cuando tenía una alta taza de mortalidad por abortos clandestinos. En la mayoría de los países donde se lleva adelante la legalización lo que ocurre es que se mantienen en número, pero lo que se reduce es la muerte. Cuando el número de abortos practicados desciende responde a excelentes programas de salud y educación sexual.

-¿Más allá de este proyecto de ley, han habido avances en materia de preservación de los derechos de las mujeres?

-No ha habido avances en esa dirección. Nosotros creemos que lo que si hay son más voces, cada vez más fuertes, que hablan a favor de esta legalización. Tenemos desde ministros de la Corte Suprema, legisladores y legisladoras, hasta gente de la cultura, concejos deliberantes y universidades nacionales que apoyan la despenalización. Incluso organizaciones e instituciones a nivel de internacional, como Naciones Unidas y el comité por los derechos de las mujeres.

En este sentido, tenemos que avanzar en la legislación y tener un debate profundo como sociedad en el Congreso de la Nación, porque hoy llegan a la Justicia hasta los abortos no punibles.

La reducción del embarazo no deseado está dado por la prevención y después la interrupción, lo que genera cuando se legaliza, es menor muertes y menos morbilidad.

INFORMACIÓN PARA DECIDIR

-Si bien está penalizado aún, los abortos se practican en todos los órdenes sociales, sin distinción de edad, ni religión, ni clase. Ninguna mujer está exenta de quedar embarazada involuntariamente. ¿Cree que aquellas y aquellos que hoy se niegan u oponen a la legalización, lo hacen por estar desinformados?

Creo que (la información) es posible y necesaria y que ello puede cambiar la opinión que se tiene. Sucede que mucha gente, a priori, se manifiesta en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y cuando le preguntamos si conoce a alguna mujer que haya tomado esa decisión, la mayoría contesta que si. Y luego de esa consulta, le preguntamos si cree que esa mujer debería de estar presa y claro que contestan que no y muchos menos que esa mujer debería de quedar presa.

Por lo tanto es fundamental debatir desde la realidad concreta que vivimos y que la argumentación no esté basada en cosas de la estratosfera o por cuestiones ideológicas, sino en datos de la realidad. Más allá de que esté penalizado, una mujer que no quiere avanzar con un embarazo decide revertirlo a como dé lugar y no importa cual es su religión, no importa de qué manera, si pone en riesgo su vida. Ocurre y va a seguir ocurriendo.

Se tiene que entender a éste como un problema de salud pública, porque no es menor decir que 70 mil mujeres terminan internadas en la Argentina, la mayoría menores de 24 años.

“UN BOCHORNO”

Hace algunos meses, se informó que la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles había alcanzado rango de resolución. Sin embargo, horas después el propio Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, lo desmintió. ¿Qué lectura hace de este hecho?

Eso fue un bochorno. No solamente a nivel nacional sino internacional. Porque ese informe de la guía técnica había sido elevado a los máximos organismos de seguimiento de los derechos de las mujeres a nivel internacional.

Estas contradicciones salieron fuertes en el gobierno. Es lamentable que teniendo una presidente mujer no se haga vocera de estas peleas que afectan a millones de mujeres argentinas. Además, no se han adoptado políticas serias ni con el aborto, ni con la trata, ni contra la violencia hacia las mujeres.

Igual es ésta una pelea que tenemos que seguir dando desde las organizaciones.