Alejandro Cazabán busca la adhesión del intendente Emir Félix y el Concejo sanrafaelino en el pedido de jury de enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones que hizo contra el camarista del Tribunal Penal de Menores de la Segunda Circunscripción, Ramón Dionisio Pérez Pesce.

El ex secretario de la Gobernación de Celso Jaque destaca en dos notas que el pedido lo realiza "en el entendimiento de su constante preocupación" por la problemática de inseguridad y en el proceder "arbitrario, irracional y excesivo del magistrado" que "afecta a la seguridad y tranquilidad" de la comunidad.

También afirmó que su denuncia está ratificada por otra hecha desde Fiscalía Penal a cargo de la doctora Alejandra Becerra donde también se menciona esta "situación irregular" del camarista.

Cazabán al explicar la presentación al Jury (que debe pronunciarse en las próximas horas sobre la viabilidad o no) dijo que "esto surge a partir de una situación familiar que vivimos el 15 de diciembre del año pasado cuando mi hija mayor fue atacada salvajemente con cuatro puñaladas y a partir de ese momento como padre y como ser humano hizo que nos dedicáramos a ese caso" enfatizó.

"A partir de ese momento como sanrafaelino y teniendo en cuenta la experiencia que he tenido en la función pública, recaudamos datos de cosas graves que estaban ocurriendo en San Rafael, especialmente con la justicia y con un juez y por ello tomé la decisión, de dar el paso y denuncie ante el Jury de Enjuiciamiento al doctor Ramón Dionisio Pérez Pesce por una serie de actos que ha cumplido y por un mal actuar que está produciendo en nuestra comunidad y como la crónica lo expresa diariamente la comunidad se ve perjudicada".

Entre los puntos que enumera el pedido, se hace hincapié en un "mal desempeño de funciones, por actos de manifiesta arbitrariedad". Además se resalta "el accionar de las resoluciones dictadas por el Juez, en los numerosos expedientes en los que se solicita ?Hábeas Corpus Preventivo' resuelve de manera manifiestamente arbitraria, excediéndose en sus funciones de magistrado, haciendo una aplicación por demás discrecional, arbitraria e irracional de la legislación vigente".

Agregó el ex funcionario en declaraciones a la prensa que: "Los delincuentes ni siquiera entran por una puerta y salen por la otra, sino que directamente ni entran, es más van a Tribunales a preguntar dónde se hacen los Hábeas Corpus, que les otorga a sus beneficiarios inmunidad ante la actuación policía, otorgado de esa manera darle una cobertura para la comisión de hechos ilícitos".

"Este mal y arbitrario desempeño judicial a lo que lleva es a que la Policía no controle ni prevenga el delito, y en definitiva lleva a la desprotección de la sociedad frente al accionar delictivo", dijo Cazabán.

Ayer, Cazabán después de conocerse la solicitud enviada a Emir Félix, intendente de San Rafael y a la presidenta del concejo Deliberante, Cristina Da Dalt, afirmó que existen otras denuncias ante la Procuradoría General a cargo de Rodolfo González que ratifican sus dichos pero que el procurador "ha extraviado", dijo el ex funcionario.

Tras calificar de grave el hecho de ese presunto extravío, el abogado destaca que tan es así que el procurador ha solicitado a la Fiscal Penal de Menores de San Rafael, doctora Alejandra Becerra que remita copia de esa denuncia.

Por su lado la magistrada, ante una consulta de Los Andes, afirmó que de ninguna manera desde su juzgado ha salido una observación ni un reclamo ni denuncia contra el accionar de ningún otro juzgado.

"Solamente hemos remitido a la Procuradoría el informe semanal que por ley hacemos y en uno de ellos hacemos referencia al tema del Habeas corpus en casos de menores. No hemos hecho ninguna denuncia", reiteró.

La palabra de Pérez Pesce

En declaraciones a la prensa el camarista denunciado, doctor Ramón Pérez Pesce, se limitó a decir que él cumple con la constitución al otorgar los Habeas Corpus y que todo ciudadano tiene derecho a denunciar a un juez cuando supone que éste cumple mal con sus funciones.

El Jury de Enjuiciamiento tiene 48 horas para aceptar o no el pedido y de aceptar el Jury, le ofrece la oportunidad de defensa al acusado y tras ello resuelve si se somete al magistrado al Juri o se desestima.

Si es por la aceptación, el funcionario judicial es separado de su función y cobra la mitad de sus haberes hasta resolverse el caso.