Fueron dos los principales argumentos. En primer lugar, no es aplicable la suspensión a juicio a prueba en estos casos porque el supuesto delito ocurrió cuando eran funcionarios públicos. En segundo lugar, también es inaplicable porque entre las penas posibles por estos delitos está prevista inhablitación.

Ahora, está más cerca la posibilidad de que "Patucho" Alvarez, Labegorra y otros ex funcionarios deban enfrentar los cargos de peculado o sustracción de caudales públicos en un juicio oral y público. Sin embargo, antes es posible que vayan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un intento de dilatar el inicio del proceso.

Con la probation o suspensión de juicio a prueba, ofrecían hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil.

La Sala Penal -integrada por los jueces Tomás Mustapich y Víctor Menéndez- había admitido sendos recursos de queja, pero finalmente les terminó denegando las pretensiones.

La lectura de la resolución de Labegorra se efectuó a las 11 y la de Alvarez a las 11.15, en la sede del STJ.

Hay varios procesados por la causa de los "viajes fantasmas": el ex ministro de Bienestar, Santiago "Patucho" Alvarez; la ex subsecretaria de Promoción y Asistencia a la Comunidad, ex diputada provincial y jefa de campaña del senador nacional Carlos Verna, Elsa Labegorra; la ex ministra de Bienestar Social y ex diputada provincial, Marta Cardoso; el ex ministro de la Producción del gobierno marinista, Raúl Reyna; el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Bienestar Social, Sergio Samper; la ex directora de Familia y Menor, Cristina Hidalgo; el empresario de viajes Luis "Popo" Alonso y el jefe de despacho de Elsa Labegorra, Nelson Teves.

El ex juez Jorge Luis Howe detuvo a parte de los acusados. Les endilgó que fraguaban viajes de contingentes de ancianos y chicos a Pehuen-Co, Chapadmalal, Mar del Plata y Embalse, entre otros destinos.

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El ex ministro Alvarez inicialmente quiso evitar el juicio con el pago de una multa de 3.120 pesos. Sin embargo, las autoridades judiciales se opusieron.

Luego, tanto Alvarez como Labegorra presentaron el pedido de suspensión de juicio a prueba. La fiscal Susana Alvarez en su momento llegó a prestar su conformidad. Sin embargo, posteriormente dieron marcha atrás porque interpretaron no se puede aplicar en los casos de funcionarios públicos. Por eso, luego de varias denegatorias, los recursos llegaron al STJ.

Alvarez tiene otra acusación: enfrenta una causa por supuesto enriquecimiento ilícito en el Juzgado de Instrucción Nº 3.