Los nuevos elementos probatorios surgieron a principios de semana y sirvieron para que la diputada nacional Elisa Carrió se presentará nuevamente ante el juez Federal Sebastián Casanello. Pero el magistrado porteño rápidamente se declaró incompetente al considerar que los hechos denunciados ocurrieron en nuestra provincia. Frente a esto el fiscal Guillermo Marijuán apeló la declaración de incompetencia de Casanello, al considerar que los hechos guardan relación con la investigación por lavado de dinero que ambos llevan adelante.

De quedar trabada la competencia entre Casanello y la jueza santacruceña, intervendrá la Cámara Federal para definir quién de ellos debe investigar el caso.

Amenazas

Los nuevos elementos incluirían unas 200 fotografías y el testimonio de un empleado del empresario Lázaro Báez, Silvio Triviño.

Según datos difundidos por el portal Opi Santa Cruz y el diario digital Infobae, Carrió accedió a los datos por intermedio de un matrimonio amigo de Triviño (Mirta Mayorga y Fabián Coli). Si bien en un principio Báez había negado conocer a Triviño, luego reconoció que era empleado de su empresa Austral Construcciones. En tanto, Coli, es operador en la emisora LU12 Radio Río Gallegos y también figuraría en la planta de la Municipalidad como inspector de tránsito de la capital provincial.

Según trascendió, Coli fue citado a declarar ante la Jueza Álvarez, en una testimonial que se extendió por unas cuatro horas. Efectivos de la Policía Federal habrían concurrido a la emisora en donde lo notificaron de la convocatoria de la magistrado.

En medio del total hermetismo de estas actuaciones, solo se supo que Coli había revelado que desde el momento de la aparición de las fotos hasta su declaración habría recibido unas 30 amenazas.

En tal sentido Carrió aseguró a medios de Buenos Aires que el empleado de Báez “decía que las fotos eran su seguro de vida, pero después se arrepintió. Nosotros tenemos el deber de llevarlo a la Justicia”, aseveró.

De todos modos habrá que esperar para ver en que quedan las actuaciones de Álvarez, teniendo en cuenta que ayer fue su último día al frente del Juzgado. (ver el dato).

Previamente, la Policía de Santa Cruz había recibido el oficio del juzgado para que se le brinde protección a Coli y su familia, por lo que ya el testigo está acompañado de custodia permanente.

Carrió contra Gils Garbó y Casanello Ayer se conoció también que la diputada Elisa Carrió denunció penalmente al juez Casanello por su decisión de incompetencia y por haberse negado a realizar un allanamiento en una baulera en la localidad de Tigre en donde se sospecha que se ocultaron cosas que se sacaron de “La Rosadita”, la financiera que funciona en Puerto Madero y que es clave en toda esta investigación. La denuncia es por supuesto “encubrimiento agravado” a favor del empresario Lázaro Báez, en la causa en la que lo investiga por presunto lavado de dinero. La legisladora consideró que con su accionar Casanello quiere “encubrir las conductas criminosas que como se sospecha vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional que incluyen a la Presidente” Cristina Fernández. Ejemplificó que el magistrado se declaró incompetente “de manera sorprendente, arbitraria y manifiestamente ilegal” en la causa por la presunta bóveda en la chacra de Báez en Río Gallegos y que dispuso que los testigos de ese hecho ingresen al programa de protección “sin ocuparse en más de la situación” cuando habían sido amenazados. Carrió también denunció al titular de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Carlos Gonella, y al integrante de la Unidad Omar Orsi, ya que en un primer requerimiento que ellos firmaron impulsando la investigación por lavado de dinero no acusaron a Lázaro Báez. La diputada apuntó, además, contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y dijo que ella junto con otros funcionarios judiciales frustraron la investigación.