La Justicia de Quilmes denegó la excarcelación a uno de los abogados detenidos acusados de formar parte de una organización que estafaba a compañías de seguros mediante la modalidad de simulación de accidentes para los que contrataban a personas indigentes. Asimismo fijó fianzas que oscilan entre los cinco y tres mil pesos para los imputados que habrían facilitado sus vehículos y seguros para estafar a las compañías aseguradoras. La titular del Juzgado de Garantías Nº 1, Adriana Myszkin, determinó en las últimas horas no hacer lugar a la solicitud de excarcelación del letrado César Alejo Tampallini mientras que fijo fianzas para los otros detenidos que de hacerse efectiva recuperarían la libertad. Cabe recordar que la situación de Tampallini se complicó más la semana última luego que fuera reconocidos en una rueda por los indigentes convocados por los funcionarios judiciales que se habían se quebrado ante el fiscal. La empresa afectada por la operatoria de los "rompehuesos" es Federación Patronal que impulso la denuncia. Asimismo las penas que establece el Código por los hechos de estafa tienen un máximo de seis años de prisión pero al ser varias las denuncias las sanciones podrían ser mayores. Vale recordar que días atrás cinco personas, dos de ellas abogados, habían sido detenidas porque serían parte de una banda de “rompehuesos” que cometieron numerosas estafas contra las firmas mencionadas. Según fuentes consultadas, los acusados reclutaban a indigentes a los que les fracturaban huesos “particularmente los de los brazos” con un palo envuelto en goma y, posteriormente, los hacían presentarse ante compañías de seguros simulando ser víctimas de accidentes de tránsito. Las detenciones se habían concretado tras doce allanamientos realizados en distintos partidos del conurbano y en ciudades bonaerenses. La banda estaba activa desde 2008. Los investigadores descubrieron que quienes sufrían las lesiones recibían muy poco dinero a cambio, unos 400 pesos, y que eran amenazados para que no denunciaran las estafas, mientras que los abogados o “caranchos” que los patrocinaban en la demanda cobraban sumas cercanas a los 35 mil pesos, además de honorarios profesionales. Los dos abogados detenidos, una mujer y un hombre, tienen 50 y 55 años, respectivamente. El resto de la banda tiene entre 25 y 30. Los procedimientos se habían realizado en Ingeniero Allan, Don Orione, Claypole, Florencio Varela, Longchamps, Bernal y Chascomús, por parte de efectivos de la Dirección Casos Especiales de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense. La denuncia partió de las propias compañías de seguros, que detectaron contradicciones en las presentaciones y coincidencias entre las denuncias; también advirtieron que todas ellas se concentraban en un solo estudio jurídico. La banda reclutaba falsos testigos para que declararan sobre los inexistentes accidentes. En la mayoría de los casos, las denuncias indicaban que las víctimas eran vendedores ambulantes que circulaban en bicicleta en horas de la noche y eran embestidos desde atrás por los vehículos. Es lo que ocurrió el 13 de noviembre de 2008 en Florencio Varela, cuando una de las personas detenidas iba a bordo de un Fiat Europa, con el que supuestamente embistió a un ciclista. En septiembre de 2009, un estudio de abogados localizó a la víctima de ese hecho y confesó que el siniestro nunca ocurrió. Los detenidos y procesados son Julio César Bay, de 29 años; Ezequiel Diego Urtusar, de 25; Alicia Cristina Zalazar, de 25; y los letrados mencionados. La semana última los citados haciendo uso de su derecho constitucional se habían negado a declarar y se especula con que en las próximas horas algunos de ellos sean liberados tras abonar la fianza fijada por la Justicia.