En esta causa, una continuidad de la investigación de estos hechos, se trata también de identificar la compleja trama de encubrimiento que pusieron en funcionamiento las fuerzas de seguridad participantes de estos crímenes.

Según informó una fuente vinculada a la causa, el juez federal nº 1, Julio Leonardo Bavio, dispuso que Saravia, Pedroza, Liendro y Guaymás deberán presentarse en los Juzgados Federales los días 19, 22, 27 y 29 de este mes, a las 10, para ser indagados.

Los cuatro policías retirados declararon en calidad de testigos en el juicio realizado el año pasado en el juicio oral y público que terminó con la condena del ex jefe de la Guarnición Ejército Salta, Carlos Alberto Mulhall; el ex jefe de la Policía de Salta, Miguel Raúl Gentil; el ex jefe de Seguridad de la Policía, Joaquín Guil y los policías Pedro Javier Herrera y Rubén Nelson Herrera, por los crímenes cometidos en perjuicio de Ragone, Arredes y Martínez de Leal.

Los policías fueron tan contradictorios, remisos y desmemoriados, que terminaron con pedidos para que se los investigara por falso testimonio, solicitudes a las que el Tribunal Oral en lo Federal Criminal hizo lugar.

Pero más tarde, en los alegatos finales, las querellas y el fiscal federal Horacio Azzolín, solicitaron que se investigue como partícipes del hecho principal, del que fueron víctimas Ragone, Arredes y Martínez de Leal, a una larga lista de sospechosos, entre ellos los cuatro comisarios.

Al parecer, las indagatorias de este mes serían las primeras de una lista de nuevos imputados que también serían convocados a declarar.

En agosto de 2011, en su alegato en el juicio en la primera parte de la Causa Ragone, el fiscal Azzolín pidió que se abriera una nueva causa para investigar a quienes integraron las planas mayores del ex jefe del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez (procesado pero que no pudo ser juzgado por razones de salud); del jefe del Ejército en Tucumán, Domingo Antonio Bussi (imputado, no indagado por razones de salud), y del ex jefe del Área 322, en Salta, Carlos Alberto Mulhall (condenado por estos hechos y por la Masacre de Palomitas).

También acusó a los integrantes "del aparato de inteligencia que operaba en el Área", al que consideró "responsable en definitiva de la caracterización de enemigo de Ragone". Entre estos últimos nombró al jefe del Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, y al segundo jefe, el capitán Roberto Antonio Aguilar. Y acusó también a los comisarios Virtom Modesto Mendíaz, Roberto Arredes, Antonio Saravia, Abel Guaymás, Santiago Pedroza y Marcial Liendro. De todos dijo que deben ser investigados como partícipes del secuestro y desaparición de Ragone, el asesinato de Santiago Arredes (hermano del comisario Roberto Arredes) y el intento de homicidio de Martínez de Leal.

En marzo de 1976 Saravia era jefe de la División Contralor General (que después pasó a llamarse Departamento de Informaciones Policiales). En su alegato el fiscal sostuvo que "aparece participando en operativos antisubversivos ya en el 75". Contralor General intervino en el sumario iniciado ni bien se cometió el secuestro de Ragone.

En ese momento Pedroza era jefe de la Comisaría Primera, que tenía jurisdicción en el lugar del secuestro (Del Milagro al 100). En el juicio dijo que su intervención en el caso fue "una cosa rápida porque no había más diligencias que hacer", algo difícil de creer porque se había secuestrado a un ex gobernador y se había asesinado al hermano de un superior policial, además de que habían intentado matar a otra persona.

En 1976 Liendro era subcomisario y era el tercero en la línea de mando de la Comisaría Primera. En el juicio del año pasado quedó claro que no decía la verdad. Luego de confrontarlo con otras pruebas y con sus propios dichos, el fiscal advirtió que es sistemático que policías traten de hacer creer que no se enteraban de nada. Por entonces Guaymás era comisario mayor, era inspector de la Primera Zona de la Policía, y tenía bajo su mando las cinco seccionales que funcionaban en la ciudad de Salta y las comisarías de El Carril, La Viña, Coronel Moldes, Chicoana y Cafayate, justo por donde se supone que los secuestradores pudieron haber sacado a Ragone.

En su alegato, el fiscal Azzolín también pidió que el ex juez federal Ricardo Lona sea investigado como parte de la estructura represiva "como si fuera un ejecutor más". Lona está imputado en varias causas por crímenes de lesa humanidad, aunque hasta ahora solo se lo acusa por delitos de menor gravedad. También los querellantes pidieron que la acusación contra el ex juez se agrave.