La querella confirmó que solicitó a la Justicia que declare el funcionario Marcelo Becerra. Sostienen que hay una diferencia de 300 mil pesos en la rendición de cuentas.
La información fue confirmada a NUEVA RIOJA por el abogado querellante, Gabriel García Cruz, quien destacó el pedido concretado, aunque especuló que la medida recién se concretaría luego de la feria judicial del periodo de verano.
El pedido de convocatoria se concretó el pasado jueves y por el momento la Justicia no determinó si aceptará o no el pedido. Por su parte, el Ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, declarará por escrito (ver recuadro en esta misma página).
Planteo
NUEVA RIOJA pudo acceder al eje de la presentación que realizó el abogado querellante ante la Justicia provincial.
Según la información con la cual cuentan -y que fue confirmada por García Cruz- el Tribunal de Cuentas municipal emitió un informe en el que detalla las imputaciones que se habrían realizado mes a mes por parte del municipio de la Capital.
De esas imputaciones surgiría que el Estado municipal realizaba gastos por 1.823.000 pesos, los cuales correspondían a salario, aportes, obra social y seguro de vida de los beneficiarios del Programa de Inserción Laboral.
La rendición de cuentas del organismo de contralor municipal corresponde al periodo comprendido entre los meses de noviembre de 2011 y octubre de 2012.
“El tema es que los depósitos que realizaron en el Banco de La Rioja alcanzan los 1.500.000 pesos”, comentó el abogado querellante.
García Cruz precisó que de esa manera se generaba una diferencia de dinero superior a los 300 mil pesos entre lo que se decía gastar y lo que realmente se depositaba en el Nuevo Banco de La Rioja.
Según la documentación que la querella presentó ante la Justicia, el sueldo de un PIL estaba compuesto por 1956 pesos, de los cuales 1808 correspondían al salario, 105 pesos a los aportes patronales, 38 pesos a la obra social APOS y 3,80 pesos al seguro de vida.
“Está comprobado por las respuestas del ANSeS que nunca se realizaron los aportes y APOS confirmó que nunca firmaron un convenio”, agregó el abogado de los querellantes.
García Cruz precisó a NUEVA RIOJA que el Tribunal de Cuentas nunca se expidió sobre la corrección o no de los gastos.
El organismo de contralor informó que la plata se gastó y cuánto se deposito, pero “no aprobó o desaprobó el gasto”, precisó el querellante.
El Ministro Ricardo Guerra declarará por escrito
Fuentes de la causa confirmaron a NUEVA RIOJA que también fue citado a declarar en la causa el ministro de Hacienda de la Provincia, Ricardo Guerra.
Este funcionario fue citado por la defensa de la secretaria de Hacienda del municipio de la Capital, Claudia Ortiz.
Al funcionario provincial también le pedirán precisiones sobre el proceso por el cual los Programas de Inserción Laboral no cobraron sus aportes patronales durante diez meses.
En este sentido, fuentes de la causa especificaron que Guerra declarará por escrito, tal como lo autoriza la Constitución provincial.
Las partes ya habrían sido notificadas que deben presentarse las preguntas que quieran desarrollarle al funcionario provincial.
La medida judicial recién se concretaría luego de la feria judicial del verano
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