SALTA.- Varias señales indican ya que la causa penal por el delito de "enriquecimiento ilícito” seguida contra el ex gobernador, Juan Carlos Romero, es por estas horas la que mayor preocupación y atención tiene en el seno familiar de la dinastía romerista.

A la acusación de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, se sumó una resolución judicial proveniente del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, documentación que poco a poco comienza a salir a luz, siendo tal vez el indicio más evidente, las recientes y desatinadas declaraciones del abogado, Oscar Pedro Guillén, defensor del senador nacional.  

Las elecciones pasadas, tanto las PASO como las generales, eran consideradas claves para el seno familiar de los Romero, quien arrastra desde el año 2011 un Rosario e causas penales abierta por distintos delitos de corrupción, las cuales sumadas podrían derivar en una condena de más de 50 años para el ex gobernador, como así también penas de prisión para su hijo, Juan Esteban, a quien su padre, busca proteger ahora con fueros, una coraza que le permitió a su padre evadir con éxito las demandas de la justicia penal.  

Todas estas chances, sin embargo, están comenzando a desvanecerse como un castillo de naipes, pues la derrota electoral sufrida el 17 de mayo pasado por más de 20 puntos, provocó en el Poder Judicial, en especial entre los jueces, una suerte de efecto liberador.  

Esto se advierte claramente en la reciente decisión del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, quien, como aquel caza dentro del zoológico, salió a efectuar el primero disparo de gracia contra el ex gobernador al ordenar el embargo de la mansión de Romero, acaso el mayor símbolo del enriquecimiento de esta familia a costa de los salteños.  

En abril pasado, cuando esta causa comenzó a retomar vuelo, el propio Romero se tomó las molestias de redactar un descargo con las intenciones de calmar las aguas y desviar la atención de la investigación penal hacia las dos sociedades que aparecen como propietarias de esos terrenos.   Si bien Romero consignó como domicilio legal la mansión en Castellanos, en la villa veraniega de San Lorenzo, en el resto de su descargo el ex gobernador presentó de manera escueta la teoría de que la mansión, a decir verdad, pertenece a dos sociedades.  

Se trata de las empresas  JUCARO SA y Lomas Balcón SA, de las cuales reconoció ser accionista, pero de ninguna manera directivo. Romero aseguró que sólo a partir un cargo dentro del directorio se podrían llegar a interpretar que incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito.  

Descartó de plano esta acusación por la sencilla razón de que no es directivo de ambas empresas, por lo que no se le puede achacar responsabilidad alguna por la decisión de los directorios de las dos sociedades de adquirir los terrenos y edificar una lujosa mansión, la cual luego se la entregaron para que viva allí con su familia.  

Lo que Romero no dijo fue que quién controla realmente las dos sociedades son los accionistas, quienes como dueño del capital intervienen en el rumbo que se destina su dinero. Y al respecto, cabe señalar que el ex gobernador no es un accionista más, sino que sus acciones representan en el caso de Lomas Blalcón SA, el 90 %, mientras que sucede casi lo mismo en JUCARO SA.

Esta coartada fue desechada de plano al ser comparada con la acusación de la fiscal penal, Mónica Poma, quien insistió en el enriquecimiento ilícito de Romero, el cual se puede apreciar no sólo en la inversión realizada en torno a su mansión de Castellanos, sino en la adquisición de dos aeronaves, la compra de fincas, bodegas y hoteles que el ex gobernador posee en distintas localidades de la Provincia.  

En concreto, la imputación de la fiscalía gira en torno a una fortuna estimada en más de 200 millones de pesos, dinero que Romero debe justificar y que hasta el momento, no ha podido hacerlo, por lo que su estrategia se basa en tomar distancia de dichos bienes.   Una hipótesis "verosímil”  

En su fallo, el Rodríguez Pipino, coincidió con la hipótesis fiscal. "La verosimilitud del derecho y el peligro de la demora son, por tanto, dos presupuestos tradicionales de las medidas precautorias…”, citó el magistrado al referirse al pedido de la fiscalía para que el embargo se ordene rápidamente ante la evidente conducta "obstruccionista” del senador nacional.  

Rodríguez Pipino, citó jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que "la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que se debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal…”.

De esta manera, el magistrado entiende que no está obligado a realizar un "análisis completo” del caso, ya que de hacerlo podría "incurrir” en un "prejuzgamiento”. Al margen de ello, el juez analizó el expediente y concluyó en que el planteo de la fiscalía en contra de Romero por el delito de enriquecimiento ilícito es "verosímil”.  

Rodríguez Pipino, al igual que la fiscal Poma, cuestionó el "origen de los fondos” de la fortuna de Romero. El juez consideró que la defensa del senador nacional no aportó pruebas que justifiquen "el incremento patrimonial notable del Dr. Romero con los recursos provenientes del cargo de gobernador y/o de su actividad privada, estimándose que de llegarse a acreditar la certeza respecto de la materialidad de las maniobras descriptas en el cargo del fiscal, llegándose al dictado de una condena, más allá de la responsabilidad penal de Romero, el producto del delito habría beneficiado ilegítimamente a las personas jurídicas JUCARO SA y Lomas Balcón SA, y por lo tanto corresponde el recupero de los bienes que serían producto o provecho del delito”.  

El magistrado también dejó plasmada su creencia de que posee una participación societaria importante en las dos sociedades usadas como pantallas para edificar la mansión de Castellanos. "Cuestión que se acredita en el legajo de investigación mediante copias de declaraciones juradas del imputado y referencias de publicaciones en páginas web de acceso libre”, señala el fallo.  

Para el juez, "surge del hecho de que la construcción de la vivienda en cuestión (la mansión de Castellanos), alcanza los dos catastros, cuya titularidad corresponde a dichas empresas. Como así también se verifica que el denunciado (Romero) detenta el uso y goce de los inmuebles en cuestión, en beneficio propio, circunstancia que surge de la constitución de domicilio real por parte del propio investigado”.  

Declaraciones contradictorias  

Otra de las señales que hablan de la firmeza de esta causa surgió de la boca del defensor legal de Romero, quien una vez conocida la noticia del embargo judicial impuesto sobre la mansión, salió al cruce mediático a través del diario del ex gobernador en busca de defender a su cliente.  

En vez de ello, Guillén sólo empeoró la ya delicada situación procesal de su defendido, pues el letrado sostuvo que el embargo afectada directamente a Romero, quien había hecho hasta ese momento un gran esfuerzo por sostener lo contrario.  

Tras las declaraciones de su abogado, la idea de que él y su familia eran una especie de privilegiados del cielo por el hecho de que las dos sociedades en cuestión, JUCARO SA y Lomas Balcón SA, habían construido semejante casita y la dejaron en sus manos para que vivan allí como reyes, se fue por la borda.   Obviamente, Guillén, aturdido y sin estrategia, sólo reconoció lo que ya todos sabían: la mansión es de Romero, por más empresas que haya puesto como intermediarias. Con este reconocimiento, ahora Romero deberá justificar de dónde sacó 50 millones de pesos, suma en que está valuada la propiedad, para la adquisición de los terrenos y la construcción de tremenda edificación. Un interrogante que, hasta el momento, Romero no quiere ni hablar.