El programa Verdad y Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, presentó este viernes una nota al juez federal, Leandro Ríos, solicitando medidas para evitar daños y nuevos traumas a las víctimas de delitos de lesa humanidad en la megacausa Área Paraná.

En un párrafo del escrito, citando principios y directrices de las Naciones Unidas, desde el área gubernamental que asiste a los procesos por violaciones a los derechos humanos aseguraron que las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto por su dignidad y se deben adoptar “las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como las de sus familias”. Además, deben gozar de atención y consideración especiales para que los juicios “no den lugar a un nuevo trauma”.

Desde el organismo solicitaron al juez que arbitre las medidas pertinentes para evitar situaciones que perjudiquen a quienes brindan su testimonio en las audiencias públicas de la etapa de plenario de la causa. Esta queja obedece a la denominada “absolución de posiciones” –prevista en el antiguo código de procedimientos por el que tramita el expediente– por la cual los represores imputados pueden interrogar a los querellantes sobre cuestiones no relacionadas con los hechos investigados, en forma de afirmaciones que deben ser contestadas por sí o por no. El ex preso político Eduardo Ayala fue sometido en la audiencia del lunes a esta situación, que mereció fuertes críticas de la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos.

En una nota firmada por su coordinador, Luciano Hazan, y su representante en Entre Ríos, el abogado José Iparraguirre, el organismo afirmó: “Este Programa ha tomado conocimiento de que en el marco de la etapa del plenario del proceso en la causa de referencia se han tomado audiencias testimoniales a víctimas del terrorismo de Estado mediante el instituto de la absolución de posiciones, las que son presentadas por el imputado (Jorge Humberto) Appiani, quien se encuentra ejerciendo su defensa técnica”.

Según Hazan e Iparraguirre, si bien la causa debe regirse por el procedimiento establecido en el Código, éste debe ser compatibilizado con “abundante normativa internacional y constitucional vinculada al juzgamiento de los crímenes contra la humanidad”.

Es así que, luego de citar argumentos doctrinarios, remarcaron: “En cuanto a la absolución de posiciones, resulta importante destacar que todo magistrado se encuentra facultado para modificar de oficio el orden y los términos de las posiciones propuestas por las partes, como así también eliminar aquellas que fuesen manifiestamente inútiles”.

Luego le pidieron al juez Ríos que adapte el procedimiento a los estándares fijados en la normativa nacional e internacional y realice un “juicio de razonabilidad respecto de las absoluciones presentadas por las defensas, en cuanto a su pertinencia y utilidad en razón de los hechos materia de juzgamiento, como así también en relación con el daño que pudieren generar determinadas aserciones en testigos que revisten además la calidad de víctimas del terrorismo de Estado”.

En la causa Área Paraná se investigan desapariciones forzadas, torturas, secuestros y otros delitos de lesa humanidad cometidos contra 52 víctimas en la región. Están acusados ocho represores: Appiani, José Anselmo Appelhans, Rosa Susana Bidinost, Hugo Moyano, Alberto Rivas, Carlos Horacio Zapata, Oscar Ramón Obaid y Cosme Ignacio Marino Demonte.