Los diez empleados de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), que prestaron declaración ayer ante el fiscal de instrucción Juan Pablo Morales, aportaron datos que complican más al titular de la entidad, Arturo Aguirre, quien quedó a tiro de la imputación por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", a raíz de las compras de remedios a la droguería santiagueña Libra, sobre la que pesaba una inhabilitación de la autoridad federal en la materia, la ANMAT.

Así lo confirmaron fuentes judiciales, las que mencionaron que junto con el ex ministro de Salud y diputado electo por el FCS, otros referentes de la OSEP correrían la misma suerte.

La fiscalía de Morales fue escenario ayer durante todo el día del desfile de los agentes de la obra social que desempeñan tareas en la farmacia y en la sede de calle Junín. Los empleados aportaron precisiones sobre aspectos contables y las operaciones de compra de remedios por parte de la obra social. De esta manera, se aclararon algunos aspectos de los 5.000 expedientes que la Justicia secuestró días atrás en el marco de la investigación que se disparó por una denuncia penal del diputado Julio Cabur.

Morales ya tiene acreditado que la OSEP compró remedios a la droguería Libra cuando ésta no podía proveer a otras provincias, lo que configuraría un delito.