La decisión la tomó el juez Rodolfo Pradas, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, respecto de Mario Ernesto Durquet, a quien le confirmó la prisión preventiva; y de José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel y Roberto Alejandro Juste, procesados en libertad por delitos tipificados como de lesa humanidad.

El magistrado declaró además la rebeldía y ordenó la captura de otros integrantes del grupo, entre los que se cuentan, además del ex fiscal Demarchi, Eduardo Salvador Ulloa, Fernando Federico Delgado, Fernando Alberto Otero, Juan Pedro Asaro y Raúl Arturo Viglizzo.

Las medidas fueron tomadas en el marco de una causa que investiga los asesinatos de Enrique “Pacho” Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Alberto Goldemberg, cometidos el 21 de marzo de 1975; y de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, cometidos dos días después, junto al de Maria del Carmen Maggi, dos meses más tarde.

Procesados y rebeldes están imputados de haber integrado una asociación ilícita “enmascarada en la agrupación CNU”, con el “claro objetivo delictivo destinado a cometer una serie de ilícitos indeterminados, desde homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, como así también robos calificados por el uso de armas, y sustitución de chapas patentes de los vehículos que utilizaban para cometer los distintos hechos de persecución política”.

También se les adjudica “falsificación de documentos, uso de documentos y/o credenciales falsas; intimidaciones públicas, incendios dolosos, coacciones, robos de automotores y otros injustos entre los que se encuentran los homicidios de todos ellos con una clara voluntad de persecución hacia los militantes de izquierda, hechos oportunamente encuadrados en la categoría de delitos de lesa humanidad”.

El juez también dictó la falta de mérito de Nicolás Miguel Caffarello y Héctor Oscar Corres, y concedió el arresto domiciliario a Patricio Fernández Rivero, a quien le adjudicó incapacidad