Francisco García Posse , titular del Colegio de Abogados de Tucumán, se refirió a la resolución que tomó la entidad en el marco de las presentaciones realizadas por los letrados Alfredo Falú y Silvia Furque, sobre las actuaciones derivadas de la denuncia formulada por la UIF.
“Se ha decidio denunciar penalmente ante la Fiscalía de Instrucción de turno, a fin de que investigue la actuación de los Fiscales Guillermo Herrera y Alejandro Noguera en la causa“Jorrat Daniel y Ale Rubén s/ usurpación, hurto agravado, desobediencia judicial”, en atención a las irregularidades y a la presunta connivencia expuestas en la sentencia antes referenciada”, expresa el fallo del órgano.
Al respecto contó: “cuando nos llegó la información nos fuimos interiorizando ya que se trata de una cuestión grave”.
Ante los pedidos por una intervención del Colegio de Abogados, sostuvo que no cree que dicha acción sea posible. “Afortunadamente tenemos algunos recursos para poder conseguir determinadas informaciones”, recalcó.
“Una de las piezas que nosotros conseguimos es la sentencia del juez Federal Número 2 Fernando Poviña, quien formula una denuncia concreta a causa de una carta encontrada en un allanamiento”, sostuvo además.
Sobre la declaración de “incompetencia” por parte de Poviña sostiene: “está bien porque corresponde investigar a la juridiscción provincial, pero el doctor Poviña habla de la irregularidad de los fiscales, quienes provocan el sobreseimiento de los imputados, lo que provoca la luz de alarma”.
“La carta es grave pero mucho más grave como un delito de acción pública y que es obligación de investigar por los fiscales, en este caso en la actuación previa hubo personas detenidas, medidas extremas y de repente cuando los particulares arreglaron sus diferendos patrimoniales y económicos, los fiscales decidieron suspender la causa admitiendo que no había delito, por lo que merecen sospecha del por qué de esta actuación”, detalló.
Luego se preguntó: “si hubo un acuerdo económico, por qué hubo previamente detenciones y por eso pedimos que se investigue, sobre todo la utilización de la Justicia Penal para obtener mediaciones, arreglos, transacciones en causa que debieron ser una mera cuestión civil”.
La semana pasada el fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Alejandro Noguera, fue acusado el jueves ante el Ministerio Público Fiscal de haber favorecido a Rubén “La Chancha” Ale en una causa por usurpación de una finca ubicada en la localidad de Los Pereyra, en Cruz Alta que fue iniciada en 2011 por el fiscal de Instrucción Penal de la X° Nominación de la Provincia,Guillermo Herrera.
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