VIEDMA (AV).- La Sala B de la Cámara del Crimen de esta capital ordenó que la causa Flavors regrese a la órbita del juez Carlos Reussi, quien a mediados de agosto la había puesto a despacho de su par, recientemente asumido, Guillermo Bustamante.

Con fuertes consideraciones y reiterando la exigencia de una pronta resolución, en coincidencia con lo expresado por la fiscal Daniela Zágari, el tribunal que integran Jorge Bustamante, Pablo Estrabou y Francisco Cerdera resolvió rechazar más postergaciones y que el expediente vuelva al titular del Juzgado 2.

Reussi tiene como plazo -otorgado en abril último- cuatro meses que comenzaron a contarse desde el 6 de mayo, cuando el magistrado recibió la causa. Es decir, que en la próxima semana debería resolver si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito a los siete imputados: los ex ministros de Familia, Alfredo Pega, de Salud, Cristina Uría y de Hacienda, Pablo Federico Verani, la actual ministra de Salud, Adriana Guitérrez y los empresarios de Masily y Flavors, Javier Matas, Daniel Fernández y Máximo Vicchi. Todos están investigados por presuntos hechos de corrupción en el proceso de adquisición y distribución de alimentos preelaborados para los planes nutricionales rionegrinos.

Cabe recordar que en la misma resolución de abril, el Tribunal revocó las faltas de mérito dispuestas por el magistrado subrogante en el Juzgado 4, Juan Bernardi, quien en agosto fue reemplazado por Bustamante.

La Cámara -mediante el primer voto que correspondió a Jorge Bustamante- destacó los argumentos de la fiscal Zágari y los hizo propios, y agregó que "el plazo de cuatro meses otorgado a Reussi para resolver debe contarse desde la fecha de su avocamiento, 6 de mayo de 2011, es decir que han transcurrido las tres cuartas partes del plazo a él otorgado. Por esta razón, por lo avanzado del plazo determinado, por el avance de la causa bajo su jurisdicción merced a las medidas de prueba ordenadas por el Magistrado y porque por la voluminosidad -12 cuerpos- y complejidad del expediente incluyendo la documental adjunta demandaría un prolongado tiempo de estudio al nuevo juez, lo que implicaría una demora importante en la tramitación".

Estrabou, en tanto, adhirió a lo expresado por Bustamante e indicó que "no implica la celeridad del procedimiento la negación a una conducta garantista de los jueces, acorde a los mandatos constitucionales de respeto al derecho de defensa. Deben cumplirse los plazos determinados por el Código Procesal Penal y la Sala".

Expresó que "no corresponde hacer lugar a prórroga alguna y deben remitirse las actuaciones a la instancia de origen para que se enderece el trámite y se resuelva la situación legal de los imputados en el plazo de cuatro meses ya fijado por el tribunal".

Por su parte, Cerdera dstacó que "corresponde al Estado garantizar que el debido proceso se lleve a cabo en un plazo razonable, por lo que de permitirse el avocamiento de un nuevo juez en la causa, resultaría atentatorio contra el desarrollo de un proceso legal con observación de la garantía del debido proceso y un desconocimiento de lo ya resuelto". Por ello, ordenaron a Bustamante la devolución de las actuaciones principales a Reussi y no hacer lugar al pedido de prórroga solicitado.