El titular de la Fiscalía número 1, Daniel Guillén, opinó ayer que la jueza del Quinto Juzgado de Instrucción, María Inés Rosselot, no debería otorgarles el beneficio de eximición de prisión a los abogados Graffigna y Alday, investigados por la magistrada por una supuesta administración fraudulenta de los fondos que el estado pagó en concepto de expropiaciones a favor de clientes de los profesionales.
La opinión del fiscal Guillén, no es vinculante para la decisión que finalmente tome la jueza en torno al beneficio solicitado, pero bien puede significar un argumento de peso para lo que pudiera resolver la magistrada, para lo que cuenta con cinco días de plazo.
En su escrito dirigido a la jueza Rosselot, el fiscal sostiene que ninguno de los dos abogados imputados deben afrontar el juicio en libertad, porque él sospecha que podrían interferir en la causa. El funcionario judicial se tomó las 24 horas que el Código le otorga para elaborar una opinión, ya que recibió formalmente en su despacho el traslado de la jueza el martes y lo devolvió a la Mesa de Entradas del Quinto Juzgado de Instrucción, ayer pasado el mediodía.
Ahora la jueza deberá expedirse sobre los incidentes presentados por los defensores, antes de poder continuar con la investigación.
En teoría, si la jueza decide denegar el pedido de eximición de prisión, ambos profesionales deberán presentarse de inmediato en calidad de detenidos, para ser llevados por la Policía ante la jueza para rendir declaración indagatoria, pero si por el contrario la jueza les permite seguir en libertad, los abogados defensores podrán acordar con el juzgado el momento en que sus defendidos irán a declarar.
En realidad, lo que se espera es que si la jueza finalmente deniega la eximición, los defensores recurrirán a la Cámara en apelación y el expediente no podrá continuar tramitándose hasta que ese nuevo incidente no se resuelva.
Rechazo de Echegaray
La opinión del fiscal Guillén de que su defendido, el doctor Horacio Alday, no debe estar en libertad para afrontar la causa en su contra por administración fraudulenta, llevó a decir al defensor Fernando Echegaray que “la opinión vertida por el fiscal, en realidad no tiene nada que ver con el derecho”, porque según estimó “el fiscal se equivoca si piensa que es facultativo de los jueces o de él negar o permitir la eximición de prisión, ya que ésa es una garantía constitucional y no un resorte de los funcionarios”.
El defensor dijo que “llama poderosamente la atención que el fiscal basa su negativa a la eximición de prisión, en que dice que el doctor Alday es socio del doctor Graffigna” y sostuvo que “eso no es cierto, porque dejaron de ser socios hace 12 años”.
De todos modos, Echegaray sostuvo que “si tiene dudas de que mi cliente cobró algo, tendría que ver en el expediente donde dice que todos los pagos fueron depositados en las cuentas de los beneficiarios” y que “lo que Alday cobró, son honorarios que se los pagó Graffigna”.
Además agregó que “el fiscal parece desconocer que los testigos en ningún momento ni lo nombran a Alday y que mi cliente, ni siquiera está nombrado en la mega causa que dio origen a esta investigación”.
Finalmente, el defensor del abogado Alday, sostuvo que “sobre el doctor Graffigna, el fiscal opina que se debe denegar la eximición porque supuestamente hubo una reunión donde dice que él les habría dicho a los testigos lo que tenían que decir”, pero apuntó que “los testigos ya hablaron en el expediente y por eso no se de dónde saca que puede influir sobre ellos, si ya declararon todos”.
Por último, Echegaray aseguró que su cliente, Horacio Alday “está desesperado por presentarse a la Justicia y aportar todas las pruebas que tiene para que se aclare su situación”, pero opinó que “necesitamos garantías de que vamos a poder defendernos y para eso queremos ver que se aplique el derecho como corresponde”.
El origen
Todo surgió a partir de que a finales de 2010 se hiciera una presentación por parte del secretario General de la Gobernación para que se investiguen expropiaciones que podrían ser fraudulentas.
De esta causa, la jueza Rosselot siguió la investigación que dio lugar a esta causa conexa donde se investiga la presunta administración fraudulenta.
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