Así lo informaron fuentes judiciales. La sentencia se conoció en las últimas horas, aunque hasta ayer Abraham no había sido notificado formalmente.

Una de las fuentes explicó que el magistrado dictó el sobreseimiento porque consideró que en base a los testimonios y pruebas recolectadas no se configuró el delito por el que habían sido imputados.

La fuente indicó que para el juez no fue probado en ningún momento que Abraham se haya puesto de acuerdo con Luzzardi para defraudar al Municipio.

Además, observó que sólo en algunos casos firmaba Abraham los informes relacionados con la cantidad de medidores que era la variable de ajuste que se había acordado en el contrato para que la Municipalidad pague a Codistel por el servicio de recolección y tratamiento de los residuos.

Otra fuente que tuvo acceso a la sentencia, indicó que hubo negligencia de la Municipalidad en el control de la relación contractual.

El fallo sorprendió en la Fiscalía local que impulsaba la acusación contra Abraham y Luzzardi. De hecho, el fiscal Juan Pablo Balderrama había pedido en mayo de 2011 la elevación a juicio de la causa porque consideró que había elementos de prueba suficientes para avanzar con el juicio oral y público.

Ayer, una fuente judicial explicó que en la Fiscalía están analizando la sentencia de Videla para después recurrir el fallo a la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la provincia, que funciona en la ciudad de Neuquén.

La fuente insistió que para la Fiscalía, hay pruebas en la causa que involucran a Abraham y Luzzardi en el hecho.

Antecedentes

En mayo de 2008, los exconcejales de la UVAC, José Dino, Héctor Aguilar y Jorge Oliwa, denunciaron en la fiscalía supuestas maniobras relacionadas con sobrefacturación por parte de la empresa Codistel por el servicio de recolección y tratamiento de los residuos sólidos que prestaba a la Municipalidad.

Los exediles oficialistas denunciaron en ese momento que Codistel había cobrado supuestamente sumas superiores a lo que correspondía, según el sistema de reajuste que funcionaba de acuerdo a la cantidad de medidores de luz en la localidad. Los datos de los medidores los suministraba el EPEN.

Estimaron que la sobrefacturación rondaba los 500.000 pesos por todos los años de concesión y, por eso, fueron a la justicia.

La empresa Codistel estuvo a cargo del servicio de la recolección y tratamiento de la basura en Villa La Angostura durante varios años y el contrato finalizó el 31 de julio de 2008, luego de que fuera prorrogado por seis meses a pedido del Gobierno municipal. Desde el 1 de agosto de ese año, el servicio se municipalizó a instancias de una iniciativa que impulsó la UVAC, con el aval del exintendente, Ricardo Alonso.

Balderrama inició la investigación y recolectó testimonios y elementos de prueba. Luzzardi negó en todo momento cualquier relación con el hecho y deslizó la responsabilidad en el EPEN.

La imputación del fiscal apuntó a una supuesta defraudación a la administración pública entre julio y diciembre de 2006. Para ese período, la cifra de sobrefacturación estimada por el perito fue de 68.900 pesos.

Según señalaba el requerimiento de elevación a juicio del fiscal, mientras en los informes elaborados en los años 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005, la diferencia en cuanto a la existencia de medidores en base a los informes elaborados por los responsables de la empresa arrojaban mínimas diferencias “en las determinaciones en las que tomo activa participación el acriminado, se observa con supina claridad que se asentaron cantidades de unidades sorprendentemente mayores a las realmente existentes”.

De esa manera, en los años anteriores la variación en las cantidades que informaba el EPEN a la empresa era mínima (menos de 10 medidores), mientras que en el período que se investigó, la diferencia era de más de 500 medidores.

El 2 de agosto 2006 donde el informe a la empresa Codistel decía que la cantidad de medidores a julio de 2006 era de 4218, el EPEN local indicaba que había 3511 y el EPEN central 3.762.