Para la fiscal Fonseca, hubo conocimiento de adjudicar un servicio público sin licitación pública”. Para la fiscal Fonseca, "hubo conocimiento de adjudicar un servicio público sin licitación pública”.

La Fiscalía pidió un año de prisión e inhabilitación para ejercer cargos para todos los imputados en la causa Cetru.

En su alegato ante la jueza Silvina Gallo, la fiscal María José Fonseca leyó durante casi una hora los motivos por los que entendió que hubo incumplimiento en el rol de funcionario público por parte del exintendente de Concordia, Juan Carlos Cresto, dos de sus ex secretarios y siete ex concejales.

La letrada pidió que a los imputados “se los condene a la pena de un año de prisión de cumplimiento condicional” y que se les aplique “la inhabilitación especial para el ejercicio de toda función, cargo o empleo público” por dos años. Al mismo tiempo insistió en que “existió dolo en el contrato” con la firma Cetru, “para evitar que aparecería como oneroso, esquivando el llamado a licitación pública”.

Por otro lado remarcó que en lo pactado entre la empresa recicladora de basura y el municipio, “no se expresaba el monto de dinero como contraprestación” y que en el convenio “se simuló como si fuera un contrato gratuito”. Para reforzar esa teoría esgrimió diversas facturas confeccionadas por el municipio a empresas privadas, “que depositaban la basura en el campo del Abasto a cambio del cobro de tasas y cánones”.

Para la fiscalía, en el proceso de la adjudicación directa de la concesión a la empresa Cetru, “hubo dolo porque, a sabiendas de que se estaban violando las leyes, hubo conocimiento de adjudicar un servicio público sin licitación pública”. Por ello especificó que “los imputados- debido a su formación profesional y política- conocían que el sistema requiere un llamado a licitación”, según reprodujo Diario Río Uruguay.

Además utilizó las declaraciones del diario de sesiones del Concejo Deliberante, donde los ex concejales Ricardo Larocca y Gladis Tribulatti, advertían que “la firma del convenio entre el municipio con la empresa privada, podía perjudicar al municipio y que se debía esperar qué era lo que se definía del proyecto provincial de ese entonces”.

Fonseca entendió que “no se puede circunscribir al pago de una tasa o un impuesto que algo sea considerado como un servicio público”. Para ella, “esta medida resulta muy simplista y arbitraria ya que el estado tiene la obligación de prestar estos servicios de forma gratuita”.

Por último subrayó que no se analizaron los antecedentes, avales y garantías de Cetru al momento de la firma y de la aprobación del convenio. Así mismo puntualizó que a la empresa no se le exigió la habilitación provincial que piden las leyes de Entre Ríos.