El director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, Marcelo Casaretto, destacó la labor de la justicia en la causa por la estafa millonario a través de compensaciones de impuestos. 

Tras de la feria judicial, la justicia reanudó las declaraciones indagatorias pendientes, y al concluir las mismas, se resolverán los procesamientos y la elevación a juicio. 

En un extenso escrito publicado en facebook, el funcionario recordó que formuló las denuncias penales ante la justicia en 2014 y que estas se tramitan actualmente en el Juzgado de Paraná a cargo de la jueza Marina Barbagelatta. 

“Todos los empleados y todos los contribuyentes denunciados fueron imputados por los delitos referidos, y todos fueron llamados por la Jueza a prestar declaración indagatoria, lo cual reafirma la contundencia de la denuncia y de las pruebas presentadas por la ATER en las denuncias de cada uno de los tres períodos referidos”, escribió Casaretto. 

El director de Ater también enumeró qué períodos se denunciaron en la justicia: “en junio de 2014 se realizó la denuncia referida al período 1 (2012-2014), luego entre julio y agosto se formuló denuncia por el período 2 (2008-2011) y por último por el período 3 (2004-2007)”. 

En ese sentido señaló que por el “período 1 se denunció a 2 empleados y a 65 contribuyentes por un fraude contra el Estado por $ 17 millones de pesos”. En tanto “por el período 2 se denunció a 3 empleados y a 141 contribuyentes, por $ 20 millones adicionales” y que por el por el período 3, “se denunció a los mismos 3 empleados y a 138 empresas por un fraude de $ 8 millones adicionales”. 

Entre las 3 denuncias, entre 2004 y 2014, concluyó que se produjo un fraude contra el Estado de $ 45 millones “a los que se les deben sumar los intereses y las multas del caso”. 

Causa: indagatorias y pruebas 

Casaretto subrayó que la Procuración del Poder Judicial instruyó a los fiscales para que “actúen en el tema rápidamente, y formulen acusación, y la jueza considerando válido los argumentos presentados, dispuso la apertura de la causa, la imputación de las personas denunciadas y el llamado a declaración indagatoria a los empleados denunciados y a los contribuyentes que se beneficiaron con estas operaciones irregulares”. 

En esa línea recordó que las declaraciones indagatorias se desarrollaron en primer lugar sobre las personas físicas y luego sobre los Directivos de las personas jurídicas. 

“Todos los empleados y contribuyentes denunciados fueron imputados y llamados a indagatoria por la jueza, lo cual reafirma la seriedad de la denuncia y la contundencia de las pruebas presentadas por la ATER en las denuncias de cada uno de los tres períodos referidos”, consideró Casaretto, quien remarcó en reiteradas ocasiones que la causa comenzó a raíz de su denuncia penal. 

Nuevos imputados 

Según recapituló el funcionario, a partir de esas declaraciones de los empleados y los contribuyentes, la jueza Barbagelatta dispuso la imputación de un empleado más que “también cumplió tareas como funcionario, y de dos contadores de Concordia (no empleados de ATER), que de acuerdo al testimonio y pruebas aportadas por los contribuyentes denunciados, intermediaban en la operatoria irregular y cobraban importantes sumas de dinero a algunos contribuyentes”. 

Organismos de control en ATER 

“Luego de la denuncia penal, comenzaron a actuar los organismos de control”, señaló el ex ministro de Economía en tiempos de Busti. Casaretto destacó que tanto los organismos de control como la justicia aportaron pruebas adicionales para la causa. 

El director del ente recaudador afirmó que en el desarrollo de la causa, los empleados y contribuyentes denunciados, hicieron “circular informaciones diversas a través de algunos medios de comunicación, con la pretensión de confundir a la opinión pública”. 

Para Casaretto “tratan de desviar la atención hacia otro lado”. 

La operatoria de la estafa según Casaretto 

Al finalizar su repaso de la causa, el director ejecutivo de Ater explicó cómo se realizaba la maniobra del desfalco. 

“Un contribuyente tenía que pagar impuestos y se beneficiaba en forma ilegal porque un empleado le borraba todo o parte de esa deuda sobre la base de una compensación de impuestos falsa, que nunca se realizaba”, indicó. 

Al mismo tiempo sostuvo que si además de empleados y contribuyentes involucrados hay intermediarios, “éstos también deberán ser asumir su responsabilidad ante la justicia”. 

“En algunos casos se daban recibos truchos, sin ninguna de las formalidades de ley, se simulaba una cesión de un crédito que no existía, esa supuesta cesión no se formalizaba ante escribano como correspondería, y no se adjuntaba la Resolución Ministerial que supuestamente respaldaba la operación”, señaló luego. 

La cuestión central para Casaretto “pasa por cuál era el porcentaje de beneficio de cada uno en la operatoria. El asunto es que al Estado no ingresaba ni un solo peso”. 

ATER anuló compensaciones 

El jefe máximo de la administradora tributaria cerró su explicación señalando que en tras conocerse la estafa, la ATER “dispuso la anulación de todas las compensaciones truchas, y que se carguen en las cuentas tributarias de esos contribuyentes la totalidad del capital adeudado, con más los intereses y multas del caso”. 

Asimismo manifestó que “esos contribuyentes mediante cédula han sido intimados al pago, y en varios casos se les iniciaron juicios de apremio en la justicia. Fueron excluidos de los beneficios de la moratoria y la gran mayoría de ellos ha pagado o está pagando los montos adeudados. En definitiva, gradualmente están ingresando a las arcas públicas los montos que no habían ingresado por el fraude. Los empleados involucrados además fueron separados de sus funciones sin goce de haberes, y sumariados”.