Está previsto que la audiencia se reanude mañana a las 16 en la Cámara del Crimen de esta ciudad y se presume que la terna de jueces integrada por Cristina de los Angeles Lembeye (presidente), Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera, no hará lugar a los múltiples pedidos de nulidad que hicieran en la apertura del juicio (el lunes pasado) gran parte de los nueve abogados defensores de los detenido que llegaron a esta instancia en libertad.

Darío Catrihuala (29) está acusado del delito de homicidio culposo y de acuerdo a lo que consideraron el fiscal Carlos Rearte y los abogados querellantes que representan a la familia de Sayago, a otros policías baleados y al propio Estado provincial, él es el responsable de haber ordenado a los gritos a otros manifestantes que se alejaran algunos metros del foco de los violentos incidentes para que otro sujeto que estaba en las proximidades (no identificado) disparara el balazo que recibió Sayago.

Cabe recordar que estos incidentes ocurrieron en la noche que fue del 6 a 7 de febrero de 2006, cuando una multitud enardecida -estimada en 700 personas, mayoritariamente trabajadores petroleros, obreros de la construcción de la empresa Indus y algunos desocupados- fue hasta la Alcaidía de Las Heras para liberar por la fuerza al líder de una protesta (Mario Navarro) y chocó violentamente contra las fuerzas policiales.

“SOLO FUI A MIRAR”

Sin embargo, en un intento de expresar públicamente que es inocente de los hechos que se le imputan, Catrihuala dijo ayer a Diario Patagónico que él no intervino en los sangrientos incidentes de la alcaidía porque “yo solo fui a mirar lo que pasaba, como lo hacía todo el pueblo”. No obstante, reconoció que estuvo en los piquetes que durante varias semanas cortaron rutas y caminos alternativos a los yacimientos aledaños.

“Yo nunca me voy a arrepentir de haber participado en la primera lucha que hizo un grupo de trabajadores para que se eliminara el impuesto a las ganancias, a pesar de que el gremio que lideraba ‘el Chaco’ (Héctor) Segovia no solo nos abandonó, sino que también nos traicionó y le pasó a la policía una lista de 160 compañeros de Las Heras que estábamos en los piquetes, lista negra que bien pudo haber sido utilizada para que a algunos nos acusen del crimen”.

Comentó además que fue detenido en la redada policial que se hizo pocos días después de los incidentes, cuando se encontraba en una chacra particular y que pasó tres años y medio detenido en calabozos de Puerto Deseado, Caleta Olivia y Pico Truncado, lapso en el que no cobró sueldos, hasta que luego de quedar libre a la espera del juicio, lo reincorporan en su empresa.

Aseguró que en los primeros días de detención, fue sometido tanto a presiones psicológicas como a torturas por parte de la policía y por ello prácticamente no recuerda nada de lo que declaró en el período de instrucción de la causa.

Este medio también puso saber que un joven que estuvo en los incidentes fue el que declaró que vio a Catrihuala ordenar liberar la zona para que actuara el francotirador desconocido, incluso para la justicia.

Sin embargo, el imputado señaló que “cuando quedé libre, yo mismo fui a ver a ese muchacho (del cual prefirió reservar su nombre) y me dijo que la policía y gente de la justicia lo habían presionado para forzarlo a que declare en mi contra”.

Finalmente expresó su desconfianza por el fallo que pueda dar la justicia sobre su persona, al considerar que “esta es una causa política” que presume la búsqueda de culpables, aunque no haya pruebas fehacientes.

Incluso se preguntó por qué nadie sabe si Mario Navarro, el soldador que lideró la protesta, fue citado a declarar en este juicio. Al igual que mucha gente, Catrihuala sospecha que alguien le aportó dinero para que se alejara inmediatamente de la zona, presumiéndose que se refugió en su país natal: Chile.