El Instituto Nacional de Vitivinicultura determinó que son “vinos no aptos para el consumo” los enviados en el 2015 por 14 bodegas con destino a destilación según dispone el Acuerdo Mendoza -San Juan con el objeto de equilibrar el mercado de vinos, y deben abonar una multa que en total suma 35 millones de pesos.

Ese acuerdo con la vecina provincia tiene por objeto equilibrar el mercado para que no haya vinos excedentes. Cada año el INV calcula cuánta uva se cosechará y cuánto vino se elaborará. En  base a estos datos se determina cuánto vino hay que sacar y destinar a mosto para que después no hayan excedentes.

El vino que se envía para mosto debe sacarse del mercado, es decir, debe ser apto para el consumo. Si esto no se cumple, las bodegas tienen que pagar una multa equivalente a 50 centavos por cada kilo de uva elaborado en el establecimiento.

Estas 14 bodegas, compraron vinos a terceros que estaban "intervenidos" por el INV por exceso de acidez volátil, y los enviaron para hacer mosto cumpliendo de esta manera la reglamentación.

El diputado Ricardo Manzur denunció hace unos días la situación en la que incurrieron estas bodegas y reclamó explicaciones al Fondo Vitivinícola Mendoza quien tiene que controlar que el acuerdo se cumpla en la provincia.

Sin embargo, el legislador admitió que el vino enviado por las bodegas no era apto para el consumo pero que las empresas siguieron con el procedimiento porque el Fondo Vitivinícola permitió la entrega de estos vinos.  

Los del Fondo Vitivinícola negaron terminantemente que haya existido esa aprobación y reiteraron por escrito en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Acuerdo, que ese vino no es válido para la operatoria exigida por la ley.

El Fondo Vitivinícola pidió el 5 de mayo pasado al INV que analizara los vinos en cuestión. El 16 de mayo la Gerencia de Asuntos Jurídicos del INV respondió que se trata de vinos “averiados”, “consecuentemente, concluye que un vino clasificado por “Averiado” por exceso de acidez volátil por sobre el máximo que permite la reglamentación, es un producto que carece de genuinidad jurídica y, en consecuencia, no cumple con el requisito y aptitud para el consumo que ordena la Ley Nacional de Vinos”.  

Al parecer, la maniobra tiene una razón puramente económica: comprar vino en mal estado muy barato, enviarlo a destilación y salvar varios millones de litros para ser vendidos en el mercado interno a muy buen precio.

De todas maneras, estas empresas todavía tienen un plazo para cumplir con el Acuerdo que vence el 31 de diciembre de 2016. Lo que no hicieron antes lo deben hacer ahora: tienen que enviar 11 millones de litros de vino para convertirlos en mosto. Si no cumplen con esta obligación, las 14 bodegas deberán pagar la multa de 35 millones de pesos, fundamentalmente, una bodega grande e importante, que debe asumir el 80 por ciento de esa suma millonaria.

Mientras tanto, en el escenario legislativo, Manzur prometió aportar pruebas que las bodegas tuvieron el OK de alguien para entregar vino en malas condiciones.

Al mismo tiempo, los dirigentes del Fondo Vitivinícola Mendoza esperan que se cumpla uno de sus pedidos: que el diputado Ricardo Manzur se aparte del  tema porque como él es el presidente de la Comisión  de Seguimiento del Acuerdo, no puede juzgar sobre algo que él mismo denuncia.