“Consideramos que la mejor forma de disminuir la participación de adolescentes en delitos es apelando al fortalecimiento de la calidad educativa, entendiendo a la escuela como institución contenedora y con acciones que promuevan la vinculación familiar en los hogares”, propuso.

A la vez manifestó su “desacuerdo total con el debate del proyecto para bajar la edad de punibilidad en adolescentes como parte de la política de seguridad al que se le quiere dar un soporte jurídico antes de plantear los motivos que originan problemas en los jóvenes y las soluciones”.

El encuentro

Acosta destacó las tareas que se realizan desde los Centros de Integración y Fortalecimiento Familiar (CIFF) con actividades en la que padres e hijos tienen en estas entidades un punto de encuentro para compartir múltiples propuestas.

“Un abordaje temprano con actividades, deportivas, culturales y recreativas son políticas sociales que necesitan intensificarse y profundizarse como medidas de protección de nuestros adolescentes”, propuso. Luego destacó que “es central revertir los últimos indicadores en términos de empleo, concibiendo al trabajo como el organizador social por excelencia”.

“El año pasado se destruyeron miles de puestos de trabajo producto de políticas de corte neoliberal que premiaron a la especulación financiera, la apertura indiscriminada de importaciones y otras acciones que hicieron que se quiebre el tejido social, y con ello miles de familias son víctimas de una crisis e inestabilidad emocional”, acotó.

Como contrapartida, el titular de la cartera social, sugirió políticas de recuperación de los puestos de trabajo tanto registrados como la regularización del empleo informal “porque el empleo como ordenador social fortalece la familia y los problemas tienen otra dimensión y posibilidad de abordaje inicial”.

El complemento

El ministro de Desarrollo Social también subrayó la necesidad de “trabajar la labor para la prevención y contención del consumo problemático de sustancias, habida cuenta la relación directa que existe entre este flagelo y las infracciones penales en adolescentes”.

Al respecto recordó que “en muchos casos, las adicciones son la puerta de entrada al delito en los chicos, por lo que una mirada integral en este aspecto para esta población vulnerable con un trabajo profundo del Estado junto con las organizaciones que se ocupan de la temática nos llevaría a generar proyectos superadores para nuestros adolescentes”.

Acosta se mostró a favor de dar un “profundo debate” sobre la modificación del sistema penal juvenil amoldado a los contextos sociales actuales porque “el régimen data desde 1980 anteponiendo el contexto político, económico y social que tiene las consecuencias que son visibles”.

“Como en la sociedad se dieron múltiples cambios, en todos los ámbitos es que desde Desarrollo Social consideramos que es saludable discutir teniendo siempre como premisa alcanzar una norma que garantice todos los derecho de los adolescentes que tienen rango constitucional desde 1994”, remarcó.