Así lo expresó en el siguiente comunicado:

Nuestro sector acaba de firmar (31/10/2018) con la Federación Nacional de Camioneros la modificación del acuerdo paritario anual celebrado en el mes de junio de 2018. Así, y adelantando el tiempo previsto para su eventual revisión a los porcentajes de ajuste originariamente acordados en junio (25%), a los que se les adicionó un 15%, superando de este modo el 40% anual.

Dicho porcentual, que procura atemperar el proceso inflacionario en curso, adquiere suma trascendencia en lo que aquí respecta con solo repasar que el sector opera en un 30% por debajo de lo que deberían ser las tarifas para atender los costos de explotación, situación que se ve agravada por atrasos en la cadena de pagos, elevadas tasas de interés que prohíben acceder al sistema financiero y por una asfixiante carga tributaria.

En síntesis, resulta sobradamente comprobado el valor y respeto a nuestros recursos humanos, aún a riesgo de poner en peligro la continuidad de las empresas.

Ahora bien, y a tan solo ocho días de celebrado el acuerdo, trascendió que existe un proyecto en curso para el otorgamiento de un “bono” a la masa de asalariados del ámbito privado y sin discriminar en función de los porcentuales acordados por los distintos sectores en los convenios paritarios ya pactados, por lo cual, al tiempo de vulnerarse el principio tenido en cuenta para fijar las retribuciones que son debidas, se castiga a nuestro sector que a riesgo de estar en quebranto, por un principio de solidaridad, paz social y esfuerzo compartido otorgó incrementos más allá de sus posibilidades económicas y financieras.

Como agravante de la situación, observamos con preocupación que nuestro sector se verá perjudicado innecesariamente por el inminente dictado de un decreto de necesidad y urgencia derivado de un acuerdo entre el Gobierno, la CGT y dirigentes empresariales que no representan los intereses del rubro del transporte de cargas. Ello además implicaría una indebida e inoportuna injerencia del Poder Ejecutivo que afectaría el derecho constitucional de negociación colectiva, dando como resultado el agravamiento de la crisis que estamos padeciendo.

Por lo señalado, en defensa de la continuidad de nuestras empresas y la responsabilidad en la conducción que nos fuera conferida, nuestra asociación formula el más formal y enérgico rechazo a la pretensión de imponer el “bono” en cuestión, que acarrearía el cierre de muchas empresas del sector con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo. Asimismo, instamos a la FADEEAC a que arbitre todos los medios institucionales disponibles para evitar la consumación de una norma inconstitucional que indefectiblemente acrecentará aún más la grave situación descripta.