El gobierno de Cataluña rechazó enérgicamente un proyecto de reforma educativo que prioriza la enseñanza del castellano por sobre la lengua propia de la comunidad en todos los niveles educativos. La consejera catalana de Educación, Irene Rigau, se retiró de la reunión en el sede del ministerio en la que se presentaba la normativa y denunció que esta era "inaceptable" y que iba en contra del "estatuto de Cataluña y de la Ley Autonómica de Educación". El presidente catalán, Artur Mas, agregó que la posición del gobierno nacional era "la ofensiva más dura que se ha hecho desde 1978 contra la lengua catalana" y convocó para esta mañana a una cumbre en el parlamento con el fin de dar una "respuesta institucional contra esta amenaza a la inmersión lingüística". El País Vasco se sumó a los reclamos y anunció que emprenderá acciones judiciales para bloquear una reforma legal que "atenta contra las competencias regionales".

"Proporción equilibrada" y "proporción razonable" son las palabras sobre las que gira el nuevo enfrentamiento entre los gobiernos autonómicos de España y el Ejecutivo nacional del Partido Popular. Es que en esos eufemismos elásticos que remiten a la relación entre la enseñanza de castellano y la lengua regional se apoyan críticos y defensores del nuevo proyecto de educación para atacarlo y defenderlo. En concreto, el texto presentado por el ministro de Educación José Ignacio Wert obliga a todas las comunidades españolas a garantizar "que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas". Si las escuelas públicas no satisfacen esa oferta, entonces el gobierno local deberá "sufragar los gastos de escolarización" en "centros privados". Esa medida, denuncia el gobierno catalán, contradice la Ley de Educación de Catalunya (LEC), aprobada por su Parlamento en 2009, que estipulaba que la lengua catalana es la principal para la enseñanza en todos los niveles educativos de la región.

Para que la reforma entre en vigor debe pasar previamente por el Parlamento, pero dado que el conservador Partido Popular tiene la mayoría de las bancas, nadie duda de que el texto será aprobado. Es por eso que las regiones autonómicas intentan bloquear la norma antes de que llegue a esa instancia. Por lo pronto, ayer lograron que el Consejo de Educación convoque a otra reunión el 19 de diciembre. Los consejeros del País Vasco, Andalucía y Cataluña adujeron que el Ministerio había incurrido en un defecto de forma al enviar el borrador del texto a las distintas regiones con menos de 24 horas de anticipación.

"El texto nos llegó ayer a media mañana con modificaciones muy importantes respecto al que habríamos estado negociando el viernes por la tarde", denunció la viceconsejera de Educación del País Vasco Marian Ozcariz. Aun más, agregó, "el uso de la lengua en la enseñanza lo hemos debatido hoy por primera vez".

Mientras los representantes de los distintos consejos educativos cruzaban declaraciones con el ministro Wert, la indignación de los habitantes de las regiones autonómicas se trasladó a las redes sociales. De tal forma, pocos minutos después de que se conociera la iniciativa del ministerio de boca de la consejera educativa catalana Irene Rigau, #WertGonya, una palabra que mezcla el apellido del ministro de Educación con Vergonya, que en catalán significa Vergüenza, se transformó en una de las etiquetas más empleadas en el Twitter ibérico. «