“No hubo debate, fue una sesión rara; era el 23 de marzo, víspera del 24 (aniversario del golpe del 76), el recinto estaba repleto de gente de organismos de derechos humanos. Levantaron la mano todos, menos yo. La votación fue 90 a 1. El proyecto venía del Senado donde lo habían votado por unanimidad. Pedí que me expidan un certificado, una constancia de mi voto negativo. Porque en la provincia de Buenos Aires el voto no es nominal. Es a mano alzada y después no queda registro de quién votó qué”. Así contó a Infobae el diputado provincial bonaerense Guillermo Castello, de la Coalición Cívica y miembro del bloque de Cambiemos, el trámite exprés por el cual se aprobó la norma.

La Ley a la que hace referencia es la n°14910 sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el 24 de marzo pasado y que, créase o no, obliga a incorporar en todas las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales de los tres poderes del Estado Provincial, y en los actos públicos del Gobierno, la expresión “30.000 Desaparecidos” cuando “se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983”.

El proyecto fue del senador Darío Díaz Pérez, del Frente para la Victoria. Pero la gobernadora María Eugenia Vidal, cuyo jefe político, el presidente Mauricio Macri, dijo en una entrevista reciente: “No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Es una discusión que no tiene sentido”, promulgó la ley sin chistar.

“Sabiendo de antemano que no habría debate en la sesión, el día anterior, en la reunión del Bloque de Cambiemos, somos 30 diputados, yo dejé sentado que iba a votar en contra”, contó Castello.

La discusión en el bloque fue fuerte, pero igual Castello quedó solo. Sin embargo, asegura que algunos le decían “sotto voce” que estaban de acuerdo con él, pero luego no quisieron acompañarlo.  

“Esto para mí trasciende lo legislativo. Por motivos filosóficos, me opongo a que se fije por ley una definición de la Historia. Esta ley restringe, cristaliza, toda discusión en un tema en el que no está dicha la última palabra y que es además un factor de división entre los argentinos”, agrega

Ante la pregunta de por qué cree que pasa esto, responde: “Lo que falla es el tema de la corrección política. Nadie se anima a ir contra la corriente. No hay posibilidad de poner una pausa, de criticar, de debatir. Vienen estas olas y los diputados, y los políticos argentinos en general, están muy pendientes de eso”.

“Esta ley es pura sobreactuación. Llegué a pensar que esto no era más que una provocaciónal Ejecutivo, a tal punto es absurda. Como al presidente Macri, a todos nosotros, nos dicen que somos de derecha…”, dice Castello. Sin embargo, no minimiza el tema. Al contrario: “Esto es peligroso -advierte-. Es fascista, es estalinista, están imponiendo una verdad absoluta y clausurando el debate. El que disiente se pone además al Estado en contra; disentir es estar en contra de una opinión que tiene rango estatal, que es ley. Eso es lo grave”.

Otra cosa que le resulta chocante es que “haya gente que parece jactarse de que hayan sido 30.000 en vez de alegrarse ante la posibilidad de que sean menos”

Castello también hizo pública una carta en la que señala que “a la hora de legislar se debe priorizar siempre la promoción y protección de la Libertad y la Verdad y creo que esta ley niega ambos valores”.

“No sólo los niega -sigue diciendo- sino que también los violenta porque ordena que el Estado comunique una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso. Curiosamente sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros”