La Dirección de Protección Integral, quedó desmantelada por la renuncia masiva de todos sus cuadros directivos. La situación es delicada porque hay alrededor de 1.300 casos de familias en situación de vulnerabilidad que quedan sin el seguimiento y la contención que tenían. Desde el Ministerio de Desarrollo Social no se brindan las respuestas adecuadas.
Lo grave de todo esto, es que alrededor de 1.300 casos de familias que tienen problemas y que eran abordados por los profesionales del área, quedarán sin la contención que necesitan, lo cual representa un retroceso de magnitud.
La renuncia de los directivos fue por la total falta de respuesta a los planteos realizados ante las autoridades de Gobierno que directamente tienen injerencia en estos casos.
Los problemas van desde la sencillez de contar con material para poder trabajar, hasta la falta de recursos humanos suficientes para poder atender la gran demanda de casos sociales que se presentan en Río Grande y que requieren una atención adecuada para poder ser solucionados o, al menos, encaminados hacia una salida.
La psicóloga Sandra Barbera, dijo que como profesional y por una cuestión ética «decidimos no continuar de esta manera», porque existe mucha demanda y los recursos humanos existentes están superados.
Recordó que en su momento solicitamos profesionales psicólogos, trabajadores sociales, técnicos en Minoridad y Familia, y sociólogos; entre otros.
Al hablar de las condiciones en que trabajan, dijo que con doce profesionales y 1.300 casos se hace difícil hacer un seguimiento adecuado, por lo tanto, se atienden las urgencias, se escuchan los problemas, pero no se puede continuar en el trabajo de contención para que la situación sea superada.
Desde el Gobierno no se expresó ningún tipo de postura respecto al problema surgido en una de las áreas claves que tiene el Ministerio de Desarrollo Social.
Comentá la nota