Los integrantes de la Sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, se inhibieron de tratar el recurso de casación presentado por Susana Trimarco contra el fallo por ellos emitido, que absolvió a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de su hija, Marita Verón.

En reemplazo de los magistrados, quienes afrontan un proceso de destitución que está en análisis de la Legislatura, fue designado un nuevo Tribunal, que ahora deberá definir si hace lugar a la apelación presentada por Trimarco y sus abogados, para que la sentencia sea revisada por la Corte Suprema.

La causa, luego del sorteo, recayó en la Sala I, integrada por Pedro Roldán Vázquez, Alfonso Zótoli y Emilio Páez de la Torre, quienes llevarán adelante el proceso.

En el recurso de casación, Trimarco y sus abogados solicitaron que se condene a los imputados absueltos por el cuestionado tribunal o, en su defecto, se anule el fallo a los fines de que otra sala realice nuevamente el debate oral y público.

Los integrantes de la Sala II se excusaron de atender el recurso de casación interpuesto por la querella y la acción civil, según el artículo 60 inc. 12 del Código Procesal Penal de Tucumán, en lo referido a "causa grave", es decir cuando median circunstancias de ese tenor que afecten su parcialidad.

Por otra parte, la fiscalía también presentó ayer un recurso de casación pero en este caso el pedido está centrado en lograr que se evite otro juicio, según revelaron fuentes judiciales a la agencia oficial Télam.

El planteo está dirigido a lograr que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán se pronuncie y dicte condena logrando así economía procesal.

Los puntos sobre los que hace referencia el Ministerio Fiscal están referidos a las víctimas que declararon ante el tribunal y pide investigar posibles delitos de trata de personas en La Rioja.

Planteos de defensores

Los abogados defensores, en tanto, hicieron una presentación en la que solicitan que no se revoque la sentencia dictada por la Sala II.

Jorge Cáceres, defensor de José Fernando "Chenga" Gómez, dijo que "era previsible" la decisión del tribunal de inhibirse ante la apelación realizada por los abogados de Trimarco.

"Después de los epítetos irreproducibles de la otra parte, que atacaron no sólo a un juez sino a la justicia tucumana en general, todos los magistrados deberían apartarse de la causa", señaló.

A su turno, el abogado Roberto Flores, quien defendió a Carlos Luna, Gonzalo José “Chenguita” Gómez y Cynthia Paola Gaitán, sostuvo que es un error pedir un nuevo juicio porque "no se puede investigar lo que ya fue investigado".

"Consideramos que ya hay actuaciones en La Rioja investigando ese caso y la justicia de esa provincia ya dio un veredicto", expresó el letrado.