Ayer por la mañana la familia Di Terlizzi realizó una movilización en Plaza de Mayo. El objetivo fue visibilizar, una vez más, el pedido de adopción de una menor institucionalizada y su melliza. El Tribunal Colegiado de Familia Nº 2 les había negado la posibilidad y ahora ellos piden que se revea esa decisión. Durante el acto, Sandra Istillarte y Rodolfo Di Terlizzi presentaron una carta que fue entregada al gobernador Antonio Bonfatti con más de 8.000 firmas de personas que apoyan el pedido de la familia. Cabe recordar que también hicieron una presentación a la delegación local del Inadi y cuentan con el apoyo de algunos legisladores. “El fin de semana estuvimos recolectando firmas para mostrar al Estado que tenemos apoyo, que la sociedad sabe lo que está sucediendo”, dijo Rodolfo Di Terlizzi durante la movilización y agregó: “Está faltando que se trabaje de otra manera con los niños institucionalizados para que no sucedan estas cosas; fiel ejemplo es lo que pasa con nuestra familia, donde el vínculo de amor mutuo con «Solcito», de prácticamente tres años, ahora simplemente se ha complicado la situación por tener la negación de un vínculo que es simplemente una demostración de amor”. Cabe destacar que, en un principio, la familia pidió sólo la adopción de una de las nenas –a la que se ha denominado Solcito–; cuando el tribunal definió que se debía preservar la posibilidad de que la nena conviva en un futuro con su hermana y desestimó el pedido de adopción por separado, la familia Di Terlizzi solicitó la adopción de ambas pequeñas. Hace unos meses el caso generó duros cruces entre los involucrados y distintos referentes de organismos oficiales que intervienen en los procesos de adopción. El caso se hizo público a poco de que se conociera que se había otorgado la adopción de una niña a la familia Serra. Ambas situaciones tienen varios puntos en común y han tenido la misma respuesta de algunos sectores sociales que se han solidarizado con los padres, más allá de las resoluciones oficiales. Muestra de apoyo

El diputado provincial justicialista Avelino Lago (PyT-FPV), presidente de la comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados de la provincia, acompañó a la familia Di Terlizzi en su movilización en Plaza de Mayo. En apoyo a la causa manifestó que “este caso nos muestra a quienes tenemos responsabilidades públicas, aunque no sea dentro del Poder Ejecutivo, la necesidad de revisar sistemas y procedimientos que ponen en crisis el funcionamiento de algunas instituciones”. Asimismo dijo que “en definitiva no sería tan grave si en ello no resultaran involucradas, como lo es en el caso de la familia Di Terlizzi, dos menores que han sido institucionalizadas por el Estado porque en su oportunidad, dentro de lo que es su familia biológica, no tuvieron lo que todo niño y toda niña debe tener en esta provincia, que es la posibilidad de desarrollarse plenamente dentro de esa familia. En esa perspectiva es que acompañamos a Sandra y Rodolfo, obviamente dentro de un reclamos de políticas institucionales claras”. Por último, señaló que “ojalá que en esta instancia, que todavía se encuentra en el Poder Judicial, se pueda ver lo que no se hizo hasta ahora y corregir en la medida de lo posible; porque estamos hablando de dos menores institucionalizadas por el Estado al haber sido víctimas de violencia y maltrato; y hoy por alguna omisión vuelven a ser victimizadas”. Denuncia en el Inadi

La familia Di Terlizzi señaló, también, que mantuvieron una reunión con las autoridades de la delegación local del Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia). “Estuvimos reunidos con representantes del poder político y del Inadi, para tratar de delinear acciones entre todos los que entendemos que, de alguna manera, se puede sumar para que las cosas mejoren, para que estos casos no sucedan y para que no se lastime el corazón de niños que no tienen que pagar el error de los adultos”. En tanto, desde el organismo nacional con sede en la capital provincial manifestaron su preocupación por niñas, niños y adolescentes que “fueron separados de situaciones de violencia por mecanismos institucionales pero que, asimismo, sufren vulneración de derechos según la ley nacional 26.061”. Y reconocieron que la pareja presentó denuncias puntuales “que dan cuenta del incumplimiento de la ley nacional Nº 26.061 de protección integral a niños, niñas y adolescentes, en el ámbito de competencia de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe. Y ante dicha situación es que el Inadi solicitará ante dicho organismo que proceda a detallar mediante informes las medidas de control que tienen sobre los ámbitos donde se albergan niñas, niños y adolescentes”. Al respecto recordaron que la normativa consigna, entre otras cuestiones, que los niños deben permanecer institucionalizados como máximo 18 meses y que la situación actual da cuenta del incumplimiento de ese punto. También destacaron que hay un artículo en el que se aclara que las medidas de protección excepcional deben preservar la convivencia de los hermanos. Sobre ese último punto se mencionó que “al momento no se ha vislumbrado una decisión judicial que respete los derechos de las niñas. No ha existido un accionar de los magistrados que abrace el principio de convivencia conjunta de las hermanas”. Por último resaltaron que “estas niñas, que son un ejemplo visible de otras tantas situaciones similares, han soportado situaciones de violencia y por ende deben ser las primeras beneficiarias de un sistema de contención de sus intereses. A la fecha tienen seis años y deben garantizárseles el goce pleno de sus derechos ahora, y principalmente la convivencia conjunta”.