La falta de cumplimiento de la intimación formulada por la Corte al gobierno de Santa Cruz y el silencio de aquella ante el pedido de sanción formulado por el abogado ante el incumplimiento serían presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El plazo que le dio la Corte al gobernador Daniel Peralta venció el 29 de diciembre, pero como Sosa no fue repuesto en sus funciones presentó ante el máximo tribunal -en febrero- un pedido para que se sancione al gobernador, tal como lo disponía la propia sentencia del alto tribunal.
En el fallo firmado en octubre, la Corte mencionaba cuál sería esa sanción: un procesamiento penal por desobediencia, un paso que ahora Sosa quiere que se cumpla. Sin embargo, hasta ahora la Corte no dispuso ninguna sanción y el caso de Sosa podría ser planteado nuevamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según señaló en una nota al diario Clarín su abogado, Daniel Sabsay.
El 29 de diciembre, cuando venció el plazo dado por la Corte en octubre, Peralta presentó ante la misma el decreto que fuera enviado luego a la Legislatura provincial, lo que no convenció a Sosa y que actualmente analizan los jueces.
Esta propuesta implica dividir el cargo de agente fiscal, actualmente ocupado por Claudio Espinosa, y dejar a Sosa a cargo de causas menores, sin intervención en los temas penales. Así sería "agente fiscal", pero sin las competencias que tenía antes. Sosa fue desplazado de su cargo en 1995, cuando una ley provincial reformó el funcionamiento del Ministerio Público de Santa Cruz y dividió en dos la Procuración General. Desde entonces, el ex funcionario cuestionó la decisión, primero ante el Tribunal Superior de Justicia provincial y luego ante la Corte Suprema.
El máximo tribunal ya había ordenado su restitución en 1998, pero hasta ahora el fallo nunca se cumplió.
Hace dos años, el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) presentó una petición ante la CIDH por la remoción ilegal del funcionario santacruceño y el incumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema.
La denuncia señalaba que -en este caso- el Estado argentino violó distintos derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre los que figuran el derecho a la protección judicial y a contar con un recurso efectivo.
Sabsay dijo que no descarta que -si el conflicto sigue sin resolverse- se vuelva a pedir a la CIDH que "rehabilite el caso, porque ya se había pedido la suspensión del mismo cuando el tribunal le ordenó a Peralta que reponga a Sosa en su cargo".
"Me sorprende el silencio de la Corte en este caso -señaló Sabsay-, porque me parece que es mucha más la pérdida de autoridad que esto produce, al dejar pasar el tiempo, que el temor a tener que disponer una sanción por desobediencia".
El mes pasado, un grupo de ciudadanos reclamó que la provincia de Santa Cruz cumpla con el fallo de la Corte. Y recientemente una de las juezas del tribunal, Carmen Argibay, mencionó el caso de Sosa como uno de los ejemplos de desobediencia del poder político a una orden judicial. "Hace mucho tiempo que la provincia de Santa Cruz no cumple, no me importa el nombre de quién estaba a cargo", pero "es clarísimo que no se respetó la sentencia judicial", señaló la jueza. (Fuente: Diario Clarín
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