En la tarde ayer se reiniciaron las audiencias en el marco del juicio oral y público por el crimen del comisario post mortem Jorge Sayago ocurrido en 2006.

El Tribunal Oral, presidido por la doctora Cristina de los Angeles Lembeye, y como vocales los doctores Juan Pablo Olivera y Eduardo Monelos, escuchó al menos a cinco testigos que estaban citados.

En tanto, en la semana se confirmó la presentación del ex jefe de Policía de la provincia de Santa Cruz, Wilfredo Roque.

El comisario mayor (retirado) fue hasta 2007 jefe de la Policía de la provincia, había asumido su cargo en el 2005 durante la gestión de Néstor Kirchner, y abandonó la titularidad de la SIDE santacruceña. En ese año reemplazó a Hugo Llamazares.

Roque era el jefe del operativo, tras la muerte del policía que cumplía funciones en el Comando Radioeléctrico de Caleta Olivia y además durante su gestión debió enfrentar un autoacuartelamiento de los efectivos.

Pero la crisis más grave que debió enfrentar fue la protesta del Sindicato Petrolero, que mantuvo cortes de ruta y en yacimientos durante 18 días. Esta protesta y la detención del vocero de los petroleros, Navarro, derivó en el ataque a la comisaría y la muerte de Sayago.

Posteriormente, la investigación de la juez de Pico Truncado Ruata de Leone derivó en 19 detenciones y en denuncias de violaciones a los derechos humanos, de golpes y torturas por parte de la Policía provincial.

Además, se sumaron denuncias de las comisiones de Pastoral Social de la regional Patagonia-Comahue, quien denunció “los atropellos a los derechos humanos” durante los operativos de detenciones. Incluso, el párroco de Las Heras, Luis Bicego, denunció “una caza como en la época militar”, además de “golpes y torturas”.

Durante el juicio, que se inició el pasado 17 de junio, varios fueron los testigos que denunciaron ante el Tribunal Oral el “atropello” de efectivos de la Policía santacruceña, luego del 7 de febrero del 2007 cuando se iniciaron las investigaciones para dar con los autores de la muerte de Jorge Sayago.

Absolución de petroleros

El viernes pasado dirigentes de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) marcharon en Buenos Aires por la liberación de los principales imputados en la causa, en una movilización que se inició en el Obelisco y finalizó en la Casa de Santa Cruz.

Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR) y de la Coordinadora en defensa del Frente de Izquierda, participó de la marcha convocada por la absolución de los petroleros de Las Heras.

Marino declaró que “la perpetua que Peralta, los K y la UCR quieren para los petroleros de Santa Cruz significa la criminalización de todas las luchas de la provincia. El régimen político y judicial santacruceño, moldeado durante décadas por el kirchnerismo, y hoy encabezado por Peralta, busca condenar a los petroleros que salieron a luchar contra el impuesto al salario y la precarización laboral, para negar la responsabilidad del propio Estado en la represión a las luchas obreras y para deslegitimar los justos reclamos de los compañeros, que son reclamos propios de todos los trabajadores”, dijo.

El dirigente consideró además que “los compañeros petroleros deben ser absueltos, porque el responsable de la represión es el gobierno kirchnerista, y sus reclamos aún pendientes deben ser satisfechos de inmediato”.

Un jefe controvertido

Wilfredo Roque renunció el 20 de agosto del 2007, y su cargo fue ocupado por Sergio Martín. El Gobierno Provincial (ese año el ministro de Gobierno era Pablo González) aceptó la dimisión del comisario mayor.

La renuncia al cargo de Roque era una de las exigencias de la Mesa de Unidad Sindical desde hacía meses, cuando se produjo una fuerte represión contra manifestantes municipales en Río Gallegos, y se reavivó posteriormente luego que el ex ministro Daniel Varizat atropellara con su camioneta a una decena de manifestantes y provocara lesiones a 17 personas, publicó el Diario La Prensa de Santa Cruz.

Repercusiones

Alberto Luciani, abogado defensor de seis de los trece imputados en el asesinato de Sayago, dijo al Diario Patagónico: “para mí el juicio ya terminó”, al considerar que los testigos que aún deben declarar no aportarán otros datos de interés.

Incluso en la audiencia del jueves nadie prestó declaración, ya que las personas que debían hacerlo habían sido convocadas en su momento por el ex defensor Marcelo Fernández, quien ya no es parte de este juicio porque -vale recordar- hace varias semanas fue expulsado por el tribunal debido a que el 28 de junio llegó tarde sin previo aviso.

El fiscal de la causa Sayago, Ariel Candia, mantuvo un cruce con el párroco de Las Heras, Luis Bicego, al analizar los hechos que derivaron en la muerte del policía el 7 de febrero del 2006 en Las Heras.

Al hablar en una radio local, Candia no solamente negó que hubiera habido presiones a testigos, sino que además consideró que a su entender el proceso oral y público debería haberse realizado en Las Heras, y no en Caleta Olivia. También hizo consideraciones sobre el impacto social y político del caso, que recordó “tuvo lugar en medio de un reclamo petrolero por el impuesto a las ganancias”.

“No he percibido de parte de los testigos ninguna circunstancia de que la Policía les diga tienen que declarar de esta u otra manera”, dijo el fiscal para rechazar la posibilidad de que hubiera habido personas presionadas en el juicio que se lleva adelante.

En contrapartida, el cura dijo que él tenía conocimiento de que algunos de los imputados “cuando fueron llevados presos a Puerto Deseado, fueron torturados”. Fiel a su estilo polémico, el párroco confrontó con el funcionario judicial, para dejar en claro su postura a favor de quienes participaron de aquella fatídica manifestación. Sobre los imputados recordó que “fueron llamados a declarar en lugares que no correspondía, porque usaron, por ejemplo, la Casa de Huéspedes de Vialidad Provincial. Hasta hubo autos sin patentes; con actitudes propias de la época militar”, insistió Bicego.

En respuesta, el fiscal le aclaró que “no hay denuncias de torturas” en el marco de la investigación de la causa.

Luego el párroco justificó la reticencia de algunos testigos a participar de las audiencias y le recriminó al fiscal: “Ustedes los vuelven locos con las preguntas. Están podridos”, sentenció.

A esto, Candia le aclaró que es responsabilidad de todas las partes colaborar para buscar la verdad “a fondo”.