La información sobre las empresas multinacionales bajo la lupa judicial porque obligan a miles de personas a ejercer el trabajo esclavo no ha tenido, sin embargo, y como era de esperarse, impacto en la mayoría de los medios corporativos.

Y es un tema sustancial, crucial, diríamos: no hay que olvidarse de que en este distrito hay permanentemente afluencia de trabajadores temporales. Ya en una oportunidad se detectó las condiciones en que una tercerizadora mantenía a un grupo de trabajadores, en una explotación agrícola.

Mientras tanto, no puede reflexionarse que de los retrocesos y la retrogradación de las conquistas laborales que se experimentó durante los '90, con la proliferación de los contratos "basura", ha quedado una rémora terrible y angustiante, que degrada al ser humano a la condición de esclavo.

EL CASO SAN PEDRO

A fines del año pasado, averiguaciones judiciales permitieron liberar a más de cien personas, reducidas a servidumbre en un campamento operado por el consorcio Nidera en la zona agrícola de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

El diario Página 12 informó en los días siguientes que el fiscal actuante, Rubén Darío Giagnorio, presume que "hay por lo menos una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, no sólo para Nidera, sino para otros establecimientos rurales".

"Estamos prácticamente abandonados, esto no es justo", dijo con rabia uno de los hombres que trabajaba a destajo -sino en condiciones de neta esclavitud- en la estancia La Luisa, ubicada en el paraje Beladrich, en San Pedro. En este campo de 400 hectáreas residía en forma temporal un grupo de campesinos santiagueños sometidos a condiciones de insalubridad, claramente reducidos a servidumbre.

El caso se enmarca en la investigación por hechos conexos con el delito de trata de personas en establecimientos rurales, que desde diciembre del año pasado encabeza el fiscal de la UFI 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio. A partir del trabajo de este fiscal fue descubierta la explotación de obreros rurales efectuada por la multinacional Nidera. En este caso, la empresa infractora es Southern Seeds Production SA (SSP), con sede en Arrecifes.

Uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, quedó demorado, junto a cuatro capataces.

Posiblemente, las agrupaciones criminales operan en los territorios norteños de Santiago del Estero y Tucumán, de menor desarrollo socioeconómico, donde consiguen mano de obra barata para las faenas agrícolas.

Estimaciones oficiales también señalan probables contactos de los contrabandistas con empresarios del sector, radicados en las provincias de Buenos Aires y Mendoza.

Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, admitió que "periódicamente detectamos casos como éste, en tanto que la titular de la Oficina de Trata del Ministerio de Justicia, Zaida Gatti, explicó que "reclutan gente que no tiene para darles de comer a sus hijos".

ORGANIZACIÓN

CRIMINAL

El fiscal Rubén Darío Giagnorio –a cargo de la UFI 6 de San Nicolás– confirmó que "las 120 personas, que vivían en condiciones infrahumanas en el establecimiento rural de la firma Nidera, ya regresaron a sus domicilios en Santiago del Estero: ahora empieza la segunda etapa, donde las autoridades de esa provincia deben hacerse cargo de la asistencia social de estas personas".

A partir de la investigación del fiscal, el 30 de diciembre –tal como dio a conocer Página/12 el domingo pasado– el Ministerio de Trabajo bonaerense concretó un procedimiento en un predio de Nidera, próximo a San Pedro; allí, además, se detectaron alimentos procedentes de los planes sociales de la provincia, que habrían sido indebidamente comercializados.

"Hasta el momento, los responsables son dos ingenieros que trabajan para esa empresa" (Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, a cargo del predio de San Pedro y de la supervisión del trabajo). Ambos fueron indagados y luego excarcelados.

"La investigación continúa", advirtió el fiscal Giagnorio, y contó que, "según el testimonio de los trabajadores, habían sido contactados por Nidera a través de contratistas". El fiscal estimó que "en Santiago del Estero hay todo un sistema de reclutamiento, lo cual permite hablar de una organización criminal".

"Se trata de organizaciones dedicadas a reclutar y reducir a servidumbre para distintas empresas", señaló el fiscal, e insistió en que "en la zona agrícola de San Pedro hay quizá mil personas en esa misma situación". Giagnorio anticipó para esta semana "nuevas medidas probatorias", que podrían efectuarse en Santiago del Estero.

ESCLAVOS

EN EL SIGLO XXI

Zaida Gatti –titular de la Oficina de Rescate a Damnificados por la Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación– comentó que "aunque los lugares donde encontramos a las víctimas de trata nunca son agradables, lo que encontramos en el establecimiento de Nidera fue peor que lo imaginable".

La funcionaria recordó "casos similares, como el de Baradero, el año pasado: las personas habían sido llevadas desde Santiago del Estero para la cosecha de papas. Son organizaciones que traen a la gente en grupos grandes, cuadrillas. También pueden venir de Tucumán o de Bolivia".

El primer contacto lo hace alguien de su misma localidad.Ya en el lugar de trabajo, una herramienta disciplinaria es "el puntaje a la cuadrilla": para cobrar según convenio el grupo debe obtener diez puntos, el máximo, y para esto hay que trabajar hasta 14 horas, no tomarse días de descanso o aceptar condiciones de hacinamiento: la "indisciplina" de uno de los miembros hace caer el puntaje de todos.

Angel Strapazzón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), aseguró que "los contratistas son locales: operan bajo la vista gorda de la Justicia santiagueña, que tampoco actúa contra la trata sexual, y tienen protección política. Reclutan gente para la desflorada del maíz, en la provincia de Buenos Aires, como para la zafra del poroto en Salta. Actúan de acuerdo con grandes empresas, multinacionales como Nidera, pero también nacionales".

Diego Montón –de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza– agregó que "también en la cosecha de la vid hay muchos trabajadores traídos de Tucumán, Santiago o Bolivia: viven en carpas, sin luz, sin agua. Esto se denunció muchas veces pero, cuando el Ministerio de Trabajo manda la inspección, nunca se detecta nada: como si alguien le avisara al empresario que está por llegar la inspección, de la que suelen estar enterados los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales" (Uatre, dirigida por Gerónimo "Momo" Venegas).

HAY QUE CAERLES

ENCIMA CON TODO

El procedimiento realizado el 30 de diciembre del año pasado en San Pedro ilustra de qué son capaces los mercados sin control.

Nidera, transnacional granera que la AFIP denunció por evasión de 260 millones, tenía encerrados a 130 trabajadores del norte, adultos y adolescentes, que no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua y se les descontaba del salario en negro las provisiones que la empresa les vendía a precios alucinantes, incluyendo fideos gratuitos de los planes sociales de Scioli.

Así lo cuenta el gran Horacio Verbitsky, en nota reciente. En el artículo se revelan detalles escalofriantes:

"(Nidera) los alojaba en trailers de chapa, en los que dormían hacinados de a veinte. La jornada laboral era de diez horas incluido el día de Navidad, bajo el rayo del sol, sin luz, sin agua potable salvo la que recibían en baldes. No podían salir de los límites de la propiedad en la que trabajaban ni conocían cuál sería su remuneración. La paga se difería para el último día del contrato informal, ya que no estaba registrado. Mientras, les descontaban todo lo que consumían a precios tan exorbitantes que nunca tenían un saldo favorable para cobrar. Les anotaban 80 pesos por una bolsa de papas, 65 por una de cebollas, 54 por un pollo, 17 por un atado de cigarrillos, ocho por un kilo de pan viejo y dos por recargar la batería del celular. También se hallaron fideos con la leyenda del ministerio de Desarrollo Social. Por un paquete, cuya venta está prohibida, los esclavos debían pagar 35 pesos. El titular de ese ministerio, Baldomero Alvarez de Oliveira, es el padrino político del ex intendente de San Pedro Julio Pángaro, quien este año fue designado secretario legal y técnico del ministerio de Justicia y Seguridad. También se encontraron alimentos vencidos. El único dinero que recibieron en las tres semanas transcurridas antes del allanamiento, fueron 12 pesos 'para comprar pan dulce'. El ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, dijo que los hechos descubiertos rozaban el crimen de lesa humanidad".

HIPOCRESÍA

Señala Verbitzky que "el presidente de Nidera global, Martín Mayer Wolf, de una de las familias fundadoras, es uno de los sostenedores de Accion International, una organización privada sin fines de lucro, cuya misión es ayudar a la gente a salir de la pobreza a través de su propio trabajo".

"'Al proporcionar microcréditos, capacitación empresarial y otros servicios financieros a hombres y mujeres pobres que inician sus propios negocios, ayuda a estas personas a alcanzar un nivel en la escala económica, con dignidad y orgullo', informa en su documento 'El negocio de luchar contra la pobreza'".

Debe ser una de los demostraciones de hipocresía más canallesca de la historia.