El caso Mátar: imputan a Alejandro Cazabán por defraudación

El caso Mátar: imputan a Alejandro Cazabán por defraudación
El ex funcionario declaró en la Fiscalía de Delitos Complejos. Recusó al fiscal Garay por supuesta violación del secreto de sumario.
Cuatro personas eran esperadas en la Fiscalía de Delitos Complejos pero sólo una de ellas se hizo presente: el ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán. Declaró y el fiscal Santiago Garay lo imputó por defraudación en concurso real e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Al presentarse, Cazabán recusó al fiscal Garay por haber violado, supuestamente, el secreto de sumario. Los otros tres citados eran el fotógrafo-empresario Gustavo Mátar, quien facturó 30 millones al Estado durante la gestión Jaque, y dos ex directores de Comunicación de ese gobierno: Pablo Catania y Ricardo Fúnez.

Ninguno de los tres llegó al tribunal por lo que la causa está en una zona gris: aún está en secreto de sumario, debido a que no está completo el trámite que abre el expediente. Sin embargo, se espera que, a medida que vayan presentándose, los otros investigados sean notificados de la imputación que pesará sobre ellos.

Al término de su declaración, Cazabán amplió sus argumentos sobre lo que podría llamarse su defensa discursiva y política. Dijo a la prensa que solicitará una pericia contable de los gastos publicitarios realizados durante las gestiones de Cobos, Jaque y Pérez. Además, dijo que quería debatir con los gerentes comerciales de todos los medios de Mendoza para poner blanco sobre negro el gasto publicitario.

Estas palabras de Cazabán apuntan a plantear la discusión pública en otro terreno, que nada tiene que ver con el trámite judicial. Los Andes consultó sobre este aspecto al ex hombre fuerte de la gestión Jaque.

-Hasta donde trascendió, Garay no investiga la contratación de publicidad sino de servicios de comunicación, que no es lo mismo.

-Hay un capítulo importante en la causa que se refiere a esto (la contratación de publicidad)- respondió Cazabán.

Minutos después, este diario consultó sobre este aspecto al fiscal que lleva adelante la causa. Garay sentenció: “Niego enfáticamente estar investigando la inversión publicitaria del Gobierno”.

La investigación de Garay es por el pago de sobreprecios en servicios de comunicación. ¿Qué se entiende por servicios de comunicación? Filmaciones, alquileres de camiones de exteriores, fotografías, diseño y creatividad. Esto es muy distinto a contratar espacio en medios de comunicación, aunque es claro que buena parte de ese registro fílmico o fotográfico después se use para llenar espacio contratado en medios, en publicidades oficiales; así como también como apoyo para noticieros o diarios.

De hecho Mátar, el beneficiario de los pagos del Gobierno de Mendoza, originalmente no tenía medios de comunicación. Con el correr del tiempo compró radios y, en los últimos meses, el canal 6 de San Rafael.

De acuerdo a las estimaciones que hacen fuentes judiciales, el Gobierno pagó entre 2010 y 2011 alrededor de 30 millones de pesos a Mátar, tanto en calidad de monotributista como a su empresa Sur Talent, una productora con domicilio en San Rafael. De acuerdo a los montos liquidados por los trabajos detallados, Garay ha encontrado que otras productoras cobran entre un 60% y un 80% menos que lo que recibió el fotógrafo devenido en empresario.

En la edición de ayer, se informaba la intención de correr a Garay de la causa. El abogado Pablo Cazabán (hermano del procesado y representante legal de Ricardo Fúnez) había presentado la recusación del fiscal por haber recibido a los diputados radicales que hicieron la denuncia del caso en 2011 (Roberto Infante, Daniel Dimartino y Alejandro Limas). De acuerdo a esa presentación, el letrado entendía que Garay había violado el secreto de sumario.

Garay pidió aclaraciones a esa presentación y ganó tiempo. Ayer, cuando Alejandro Cazabán se presentó, fue notificado de la imputación, pero al mismo tiempo su abogado, Diego Lavado (ex subsecretario de Justicia de Jaque), presentó otra recusación del mismo tenor.

El procedimiento indica que Garay debería responder en las próximas horas y, en caso de que las explicaciones no resulten convincentes, los defensores las deberían elevar a la instancia superior, la Fiscalía de Cámara. Hasta que esto no se resuelva, no se puede avanzar.

Comentá la nota