El fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, continuará al frente de la causa que investiga el pago de sobreprecios que hizo el Estado a la empresa Sur Talent, del fotógrafo-empresario Gustavo Matar. La decisión fue tomada por la fiscal de Cámara, Susana García, quien no pudo comprobar la recusación que acusaba al magistrado de haber violado el secreto de sumario.

"Nunca me fui" señaló el fiscal Garay y de esta manera confirmó que seguirá la misma línea de la investigación en la que venía hasta el 4 de junio. En ese entonces, un pedido del abogado Pablo Cazabán, actual precandidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria y representante legal del imputado Ricardo Funez, abrió un camino paralelo en la investigación para resolver si Garay seguía o no frente a la causa.

La noticia se conoció en la mañana de ayer y cayó muy bien entre Roberto Infante, Daniel Di Martino y Alejandro Limas, diputados radicales denunciantes, quienes además se presentaron el miércoles pasado como querellantes del caso. Los legisladores esperan que una vez restablecido Garay se le de lugar al pedido para hacerse parte de la causa.

"Estamos a la espera y al ser los denunciantes, en teoría, no tendría que haber problema en que nos aceptaran como querellantes. Queremos colaborar en el expediente y en todo lo que el fiscal necesite", señaló Di Martino. Los diputados radicales insisten en que "la única respuesta que han dado los imputados fue tratar de apartar al fiscal Garay para evitar que se siga investigando".

"Volveremos a recusar"

Por su parte, Cazabán no se dio por enterado de la decisión de la Fiscalía de Cámara: "No me han notificado de nada, pero de ser así seguiremos con la vía recursiva ya que está claro que el fiscal ha incumplido con las normas procesales que le prohíben dar a conocer datos e incluso mantener reuniones con personas ajenas al expediente".

En concreto, la acusación que pesó sobre Garay es haber mantenido reuniones con los denunciantes. "Esta situación fue reconocida por él mismo y no creo que se hayan juntado a hablar sobre otro tema. Todo habla de que el fiscal perdió la objetividad en el tema", sospechó el abogado de Fúnez, quien agregó: "Para mí, la Fiscalía ha cometido un delito".

La denuncia original fue interpretada por los diputados radicales como un intento de dilatar los tiempos judiciales. Pero esto no fue considerado así por el propio Cazabán, quien defendió que "el incidente no suspende el caso".

Los legisladores iniciaron la causa en 2011 cuando señalaron a Mátar de haber facturado más de 12 millones de pesos en parte de la gestión de Celso Jaque. La situación involucró a ex funcionarios: los ex directores de Comunicación Pública, Ricardo Funez y Pablo Catania, y el ex secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quienes están imputados.

Además, los denunciantes buscan ampliar la causa e investigar la participación del empresario en la actual gestión de Francisco Pérez. "En la Asamblea Legislativa del 1º de Mayo se pudo ver a Mátar filmando el discurso del Gobernador", sostienen. Por esta razón, los diputados, con el apoyo del bloque radical, presentarán un nuevo pedido de informes para actualizar la información sobre la contratación del empresario sureño hasta la fecha.

A esta situación le suman la espera de respuestas sobre otro pedido de informes, aprobado por la Cámara a fines de mayo, sobre una situación similar que se estaría dando con las empresas Sentidos SA, Mediabit SA y Comunicación Editorial Gráfica Argentina SA.