El caso Matar, donde están imputados ex funcionarios de la gestión de Celso Jaque, se reactiva. En diciembre pasado, la Cámara de Apelaciones desestimó el juicio contra Alejandro Cazabán y devolvió el expediente al fiscal Santiago Garay. Este último insistió y reforzó su instrucción con nuevos argumentos y pruebas, por lo que elevó este miércoles nuevamente la causa por sobreprecios en la venta de publicidad al Estado. 

Es uno de los casos que marcó la gestión de Jaque y en el que Garay comprobó que desde la secretaría general de la Gobernación, a cargo en ese momento del influyente Cazabán, se pagaban precios exhorbitantes por servicios de comunicación. Esos contratos habían sido otorgados a Gustavo Matar, un empresario de medios de San Rafael vinculado a Cazabán. 

En diciembre pasado, la Cámara de Apelaciones -integrada por Luis Correa Llano, Ramiro Salinas, Alejandro Miguel- dictó la anulación de la elevación a juicio de la causa por considerar insuficiente y con falencias la instrucción realizada por el fiscal especial. Aquel fallo llamó la atención porque la jueza de Garantías Patricia Alonso había ratificado la investigación realizada por Garay y avaló que la causa pasara a la siguiente instancia.

Ajedrez jurídico

Tras el fallo de la cámara, la causa volvió a manos de Garay que reunió nuevas pruebas y argumentos y ha vuelto a pedir que su investigación pase a juicio, lo que implica una respuesta a la terna de magistrados. 

En la instrucción previa, Garay cotejó los presupuestos presentados por Matar con lo de otras productoras locales y de otras provincias. Allí saltó la gran diferencia de precios en la contratación de Matar con las pautas presentadas por otros empresarios dedicados a proveer servicios de comunicación al Estado.

Pero aquí ya comienza un ajedrez jurídico. Es probable que la defensa de Cazabán vuelva a apelar, por lo que el sumario deberá regresar a la Justicia de Garantías y al tribunal de Correa Llano, Salinas y Miguel. Como ambas instancias ya han preopinado, Garay pediría que se aparten los jueces y que se elijan a otros para definir el futuro de la causa.

Las imputaciones

Cazabán -que era el responsable político de los contratos de publicidad del Gobierno- está imputado por delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

No es el único acusado. También aparecen los ex directores de Prensa de Jaque: Pablo Catania y Ricardo Fúnez -actualmente, a cargo de la prensa en el ministerio de Seguridad-, imputados bajo los mismos cargos. 

En tanto, Matar aparece como partícipe necesario para la configuración del delito. 

Este último está casado con la diputada provincial Evangelina Godoy, que se fue del bloque del FpV y se vinculó al Frente Renovador, no sin escándalo. Godoy, a su vez, responde políticamente a Cazabán. En 2014, el gobernador Francisco Pérez denunció a Matar por amenazas, luego de que su esposa rompiera con el bloque oficialista.  

Pese a la investigación penal, El Sol comprobó que Matar fue contratado nuevamente por el Gobierno como proveedor. Por supuesto, evitó hacerlo en su nombre.