POSADAS. A nivel nacional, no hubo medio que no se hiciera eco de la provincialización del programa “Sueños Compartidos”, que manejaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que ahora está en manos del Iprodha, tras la protesta de los obreros posadeños en reclamo del pago de una quincena y el aguinaldo adeudados en julio. A pesar de las promesas públicas del ministro Ricardo “Pelito” Escobar, los 141 trabajadores no cobraron ayer, lo que generó molestias y enojos entre los que menos compromiso político tienen con la renovación.

En el obrador, se mantuvo la negativa de los empleados a dejar pasar a los representantes de la empresa elegida por el Iprodha para terminar las 106 casas que restan del convenio vigente del programa. Y con la presencia de funcionarios del Ministerio de Trabajo, elevaron un petitorio queriendo conocer cuánto les corresponde de indemnización por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y cómo debería hacerse el traspaso legal con la nueva patronal sobre lo cual no hay precisiones, lo que genera incertidumbre, según confiaron a PRIMERA EDICIÓN.

Un grupo de treinta obreros permaneció en asamblea, con la idea de solicitar algo que el ministro Escobar descartó: la posibilidad de conformar una cooperativa de trabajo y terminar de ese modo las viviendas pendientes, por temor a que no todos mantengan el trabajo. Es que, el jueves del inicio de la protesta apareció el capataz y uno de los socios de la empresa a explicar que quienes quisieran trabajar deberán someterse a un chequeo médico y que en principio, no tomarían a las mujeres.

Sorprendió la presencia de varias patrullas policiales que dieron vueltas y se estacionaron en el acceso al complejo en Campo San Isidro. “No nos van a intimidar porque defendemos nuestros derechos”, lanzó uno de los presentes mientras deliberaban sobre los pasos a seguir.

Hubo una advertencia clara: “Si para el lunes no cobramos, no nos hacemos cargo de contener a la mayoría de la gente que quiere volver a la protesta”.

La relación Escobar-Madres

Vale la pena hacer un poco de memoria para entender con algunos detalles, lo que sucedió en Misiones. El mismo llegó a la tierra colorada de la mano de Escobar, un kirchnerista con llegada a las segundas líneas setentistas nacionales. Así, presentó en sociedad a Sergio Schoklender y a Hebe de Bonafini como los ejecutores de viviendas sociales en Posadas y hasta llevó al gobernador Closs y al intendente Franco a recorrer las casas que se levantaban en campo San Isidro con un sistema especial de paredes: Emmedue (M2 - sistema antisísmico, sistema aislante térmico).

A partir del mes de junio, con el destape del escándalo millonario donde los hermanos Pablo y Sergio Schoklender quedaron en la mira, la reacción del Gobierno misionero fue de defensa al principio, culpando al Grupo Clarín (quien primero publicó el escándalo). Pero, a medida que se confirmaban las sospechas sobre los fondos millonarios que la Nación gira a las Madres, la constructora Meldoreck, los aportes no pagados, las protestas de Chaco, Santiago del Estero y Buenos Aires, entre otros, la distancia fue mayor, al punto de que el propio Escobar cargó duro contra los ex administradores de la Fundación.

Obreros punteros

A partir de esta relación política-institucional, Escobar pudo colocar a 141 obreros en el proyecto de Posadas. Hombres y mujeres que en su gran mayoría no podrían haber conseguido otro trabajo por su edad y estado de salud. Precisamente, esto último es lo que más genera incertidumbre en los hasta ayer empleados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. “Espero que Pelito no nos traicione”, fue la frase que más se escuchó entre los obreros. “Nosotros trabajamos en la campaña pero ahora necesitamos que nos ayude a seguir trabajando”, dijeron.

“Hay que esclarecer lo ocurrido”

Para el concejal radical posadeño Hernán Damiani, “las viviendas son necesarias y hay que darles continuidad sin perjuicio del esclarecimiento de todo lo que ha ocurrido incluso con las posibles connivencias locales, con funcionarios que avalaron los pagos sin mayor control. Hasta donde sé hay obreros que reclaman salarios caídos. La provincia no debe desentenderse de la cuestión”.

“Y en tercer lugar, ese es uno de los barrios que nada tiene que ver con la planificación del municipio y está fuera del área de crecimiento cuyo límite es la avenida 210. Tiene que ver con cómo la Nación y la provincia han seguido avanzando con las viviendas en cualquier lado, fuera de toda planificación urbana”.

Finalmente sobre la ampliación del programa con 100 o 200 viviendas anunciada por Ricardo Escobar bajo el mismo sistema, Damiani opinó: “no, no. Creo que lo que hay que hacer es concluir estas y ver de garantizar sistemas que eviten la intermediación de ONG que son el viejo esquema que permiten rebajar todos los organismos de control”.

Aún falta transparencia

El diputado provincial Claudio Wipplinger se sumó a las opiniones.

Dijo que “si el dinero lo va a enviar la Nación, nadie se puede oponer a la construcción de más viviendas en nuestra provincia, donde el déficit habitacional es muy alto en este momento”.

El legislador del partido Trabajo y Progreso cuestionó el valor que tiene cada unidad habitacional construida bajo el convenio “Sueños Compartidos”. “Si las que construye el Iprodha creemos que tienen mayor costo que las construidas en el mercado, las que hacen por medio de la Fundación de Hebe de Bonafini nos deja muchas dudas sobre los números que se manejan”.

Wipplinger dijo que la población “merece tener mayores certezas de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Porque entre la Nación y la Fundación se han manejado muchos millones de pesos y no solo por las viviendas. Y resulta que ahora debe transferirse a la provincia para evitar más reclamos de los obreros por las deudas que tiene la Fundación”.

En el mismo sentido que la provincialización del programa “Sueños...”, el diputado respondió sobre el anuncio sorpresivo de continuidad que tendrá con la firma de nuevos contratos a firmarse próximamente.

“Insisto con que las viviendas hacen falta y si nos envían los fondos con más razón, pero hablar de ampliación sin poder terminar las primeras, no me parece una solución acertada”, explicó Claudio Wipplinger.

Finalmente, aseguró que los costos políticos del escándalo “son compartidos desde un principio entre provincia y Fundación”