Caso Dipsa: un fiscal cita a tres funcionarios y a un gremialista

Caso Dipsa: un fiscal cita a tres funcionarios y a un gremialista

Navarro Dávila llamó como testigos a Alfaro, Molins, Berarducci y al sindicalista Acosta. Autoridades capitalinas decidieron apartar a siete inspectores sospechados de pedir coimas y de tener vínculos con prostíbulos.

A raíz de una publicación de LA GACETA, el fiscal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, decidió actuar de oficio en el “Caso Dipsa” y citar en calidad de testigos a tres funcionarios municipales y a un dirigente sindical.

En la edición de ayer, este diario tuvo acceso a un informe municipal mediante el que se vincula a inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) con pedidos sistemáticos de coimas y con presuntos lazos de estos agentes con prostíbulos.

Ocurre que en agosto de este año, el titular del Dipsa, Miguel Ángel Molins, había señalado en una nota dirigida al secretario de Gobierno municipal, Germán Alfaro, que un grupo de inspectores de esa repartición había cometido irregularidades, tales como pedidos de coimas y habilitaciones truchas. Incluso, uno de ellos, vinculado a prostíbulos, fue suspendido por 60 días por el propio Alfaro. En tanto que otros siete fueron trasladados a diversas reparticiones. Y según indicaron fuentes municipales, el inspector involucrado tenía “mucha confianza y familiaridad con el ambiente de la noche y con titulares de prostíbulos”.

En esa misma nota que le elevó a Alfaro el 21 de agosto pasado, Molins califica al trabajador en cuestión como “el mayor coimero”. Según el texto, al que accedió LA GACETA, el hombre fue filmado mientras solicitaba un soborno al dueño de un boliche, y “siempre alertaba a los titulares de los locales bailables acerca de los operativos”. Molins pidió el traslado de este empleado, y señaló además a otros siete inspectores -todos de menor rango- por llevar adelante habilitaciones truchas y por “retirar dinero mensualmente” de un supermercado de barrio Diza, destaca la documentación.

El 23 de octubre, Alfaro dispuso el traslado de siete de los agentes municipales mencionados por el director de la Dipsa, según una serie de resoluciones que firmó junto aWalter Berarducci, secretario de Servicios Públicos de la Capital.

Ayer, al revisar la publicación de este diario, Navarro Dávila -está de turno desde la noche del sábado- resolvió iniciar una investigación de oficio.

Para avanzar en la investigación, el fiscal de la V Nominación se reunió ayer con el ministro Fiscal de la Corte, Edmundo Jiménez. El objetivo fue interiorizarlo de la decisión asumida y avanzar con usa serie de medidas investigativas. En este caso particular, presuntos hechos de corrupción que fueron denunciados por los propios funcionarios de la Municipalidad capitalina.

Según informaron oficialmente desde la oficina de prensa del Ministerio Fiscal, Navarro Dávila tiene previsto citar para hoy, a declaración testimonial, a Alfaro, Molins y Berarducci. Así como también al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Osvaldo “Cacho” Acosta, actualmente enfrentado con el intendente, Domingo Amaya.

Según se informó, el objetivo es que los funcionarios convocados puedan aportar informes y la documentación relacionada al caso.

“Cuestiones políticas”

El grupo de inspectores denunciado y desplazado por las autoridades municipales sostiene otra versión de los hechos. Según los planteos formulados ante la Secretaría de Estado de Trabajo de la Provincia, los siete municipales acusan una “discriminación por cuestiones políticas”, debido a que todos son afiliados al sindicato que conduce Acosta, quien es opositor a la gestión de Amaya.

En una queja conjunta, remarcaron que Molins, en el escrito dirigido a Alfaro, evidenció que “la razón política-gremial fue lo que llevó a la superioridad a ordenar los traslados”, y no las supuestas denuncias de comerciantes y otros particulares

¿Una intimidación?

El viernes, el director de la Dipsa denunció ante la Seccional Primera haber recibido una intimidación en la sede de la repartición, situada en Alberdi al 200. Según relató Molins a la Policía, en un sector de la fachada de la Dispa se produjo un orificio circular ocasionado por algún elemento contundente arrojado con velocidad. “No quiero asegurar si es un orificio de bala o no. Hay un orificio que asemeja a un proyectil de un bajo calibre, aunque también podría tratarse de una bolilla de acero. Espero que esto no tenga relación con lo que estamos denunciando”, expresó.

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