Con un tono cuidado, la solicitada del Colegio de Magistrados es un respaldo a los jueces Jensen y Flores. Aunque con un tono mesurado ante el pedido de juicio político que deben afrontar los magistrados.

“El doloroso hecho ocurrido en al ciudad de General Pico, que culminó con el homicidio de Carla Figueroa, ha puesto fuertemente en discusión un tipo particular de violencia vinculado con la condición de género y problemática de la familia, señala.

“Se trata de delitos especiales que, consecuentemente, deben ser tratados desde una perspectiva también especial, donde es importante el castigo del autor, pero más importante aún es la prevención de la conducta homicida, porque en el primer caso se actúa sobre los hechos consumados, pero en el segundo se impide la consumación de los hechos”, remarca.

“Es en este punto -en el de la prevención- que se necesita un abordaje interdisciplinario de los Poderes del Estado, para adecuar la legislación vigente, suprimiendo todas aquellas figuras que no contribuyen a una solución justa; creando los organismos de detección, seguimiento y corrección de estos problemas, que generalmente involucran y perjudican a mujeres y niños; proporcionando los recursos materiales y humanos necesarios”, señala el colegio. Es decir, refieren al avenimineto, la figura que permitó la liberación de Marcelo Tomaselli, violador y al final asesino de Carla Figueroa.

Explica que “la inédita violencia que vemos ejercer sobre mujeres y niños, que no estaba siquiera en la agenda de los medios de comunicación hace pocos años, interpela a los Poderes del Estado y nos obliga conjuntamente a dar respuesta urgente y ajustada a esta situación”.

“El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de la Pampa, ante la necesidad de asumir su cuota de responsabilidad, hace público su compromiso de bregar con todo ahinco y convicción republicana ante quien corresponda, por la sanción de las leyes y decretos necesarios para que se cuente con la infrestructura suficiente a fin de hacer frente y evitar, en lo posible este flagelo y sus irreversibles consecuencias. Esta responsabilidad no puede ser sólo atribuída al Poder Judicial y sus operadores, sino que debe extenderse a todos los Poderes del Estado, como así también a los estamentos intermedios de la Sociedad Civil”, dice la entidad que agrupa jueces y funcionarios.

“Nada de lo dicho implica soslayar la responsabilidad de los jueces intervinientes, si les cupiere, en el marco de las garantaís constitucionales de un Estado democrático de derecho, puesto que la ley es para todos y así lo ha sostenido siempre este Colegio”, señala la entidad.