“Su actuación como juez me revuelve el estómago”, dijo ayer el fiscal de cámara Mariano Carabajal, al referirse al ex juez de instrucción Carlos Dalton Martínez y su actuación en la investigación del caso Bolognezi, que ayer entró en su etapa final. El fiscal también cuestionó la actuación del juez de instrucción Ricardo Schulz, sobre quien dijo que hizo “abuso de poder”, que su trabajo fue “una cacería de brujas” y a quien habría que “quitarle la jurisdicción”.

Carabajal vertió estos conceptos cuando se trató ayer la validez de las escuchas telefónicas que se efectuaron durante dos años a distintas personas, pese a que sólo estaban calificados de testigos en la causa. Además en la víspera comenzó a declarar la testigo (de supuesta identidad reservada) Ana María Puebla, que deberá seguir respondiendo preguntas ante el tribunal la semana próxima, declaración que también será escuchada por cuatro peritos psiquiatras.

El círculo se estrecha en las últimas semanas del segundo juicio por la muerte de José Luis Bolognezi. Pero ese lazo no está ajustándose sobre los dos imputados, Abdo Girala y Carlos Metralleta Pérez, sino sobre la misma Justicia y sobre su principal fuerza auxiliar: la policía.

Quedan pocos testigos por declarar. El tiempo de los alegatos se acerca y muy posiblemente se produzcan antes de que termine este mes o a más tardar en las primeras semanas de mayo. Ayer fue una jornada en donde se produjo una especie de adelanto de lo que serán.

Esto se desencadenó porque la defensa de Abdo Girala planteó un incidente de nulidad de las escuchas telefónicas que se efectuaron durante los primeros dos años de investigación del caso. El abogado Juan Carlos Ruiz sostuvo que el juez Schulz ordenó las escuchas sin argumentar los motivos como dice expresamente la ley, y también que se dispuso la intervención de teléfonos en forma indiscriminada, sin que las personas afectadas estuviesen imputadas en la causa. “En juez se basó en dichos de la calle, en el vox populi y no en el vox lex”, dijo Ruiz.

Abogado adhirió a este planteo

Carabajal fue más duro que los defensores y además de aclarar que “muchas de las escuchas son desincriminantes” para los imputados dijo que las mismas fueron una “atrocidad jurídica”.

Sostuvo que el juez que las ordenó (Ricardo Schulz) “cayó en el oscurantismo”, que dispuso actos “totalmente ilegales”, que cometió “abuso de poder” y que la investigación que dirigió “fue una cacería de brujas”. Además, que “todavía no entiendo por qué acá debería haber cuatro imputados y no sólo dos” si es que las actuaciones realizadas posteriores al día del crimen (14 de setiembre de 2002) fueron correctas. Carabajal hizo este razonamiento basándose en que originalmente la causa tuvo cuatro acusados, pero dos de ellos fueron sobreseídos pese a que las pruebas reunidas hasta ese momento eran las mismas que involucraban a los otros dos que hoy están siendo sometidos a juicio.

“He sentido vergüenza ajena por las miserias que se han cometido”, dijo el fiscal, y agregó que cuando analiza la actuación del otro juez de instrucción que intervino en la causa (Carlos Dalton Martínez) “se me revuelve el estómago”.

Además dijo que el juez Schulz, hoy titular del Primer Juzgado de Garantía de la Tercera Circunscripción, debería ser privado “de su jurisdicción”, lo que implica que sea sometido a juicio político.

A su turno el abogado Sergio Salinas, por la parte querellante, argumentó que las escuchas fueron válidas y que, en todo caso la nulidad pueden pesar sobre las primeras que no fueron convenientemente fundadas y por las que no había imputados, pero si por el resto. Sin embargo, ya fuera de la audiencia, se reconoció que las 3.500 horas de escuchas telefónicas no aportan datos trascendentales sobre la responsabilidad de los imputados en el hecho y que, en todo caso, sirven para analizar la responsabilidad por las deficiencias en la investigación de funcionarios judiciales y policiales.

Una testigo declarará ante cuatro psiquiatras

Ayer comenzó a declarar Ana María Puebla, que alguna vez fue testigo de identidad reservada en la causa pero que terminó siendo la más famosa del caso Bolognezi. La mujer insistió varias veces ante el tribunal en que sentía miedo y que su vida quedó irremediablemente afectada después de que en 2004 el comisario Héctor Quiroga la incentivara a presentarse como testigo. Luego, ante el inicio del interrogatorio que efectuó la fiscalía se mostró remisa e incómoda.

Dijo que esa madrugada del 14 de setiembre vio a Bolognezi tirado en el suelo, frente a la estación de GNC La Jirafa, y que observó a “tres o más personas” junto al cuerpo. Identificó en ese grupo a Pérez y a Girala y dijo que no podía recordar quiénes eran los otros. Además indicó que “un muchacho robusto” agarró del cuello el cuerpo de Bolognezi y lo arrastró. También sostuvo que Bolognezi cayó al suelo después de ser tocado por una camioneta.

Pero antes de que pudieran obtenerse mayores precisiones, y por planteo de las partes, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta la semana próxima para que la declaración de Puebla sea escuchada por cuatro peritos psiquiatras que ya actuaron en la causa y que analizaron la personalidad de Puebla.

Lo que se pretende es determinar si la mujer es creíble y si sus dichos están condicionados.

Promueve un Jury

Al referirse a Schulz, hoy juez de Garantías, El fiscal Carabajal dijo que debería ser privado de su jurisdicción, lo que implica que sea sometido a un juicio político o de destitución.

A Metralleta lo defenderá un abogado que lo hirió de bala durante el 2007

El letrado entró en escena en el Juzgado Federal Nº1, donde Metralleta Pérez está imputado y preso por venta de estupefacientes desde hace una semana, cuando el juez Walter Bento rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensora particular Alejandra Ruiz, quien lo asiste en el juicio por la muerte de Bolognezi.

El ahora abogado codefensor y el cliente tienen una historia común, bastante complicada por cierto. De hecho, cuando termine el juicio por el caso Bolognezi, Battocchia será juzgado por haber baleado a Metralleta el 7 de diciembre de 2007 en un bar de San Martín. El ataque le provocó daños en un brazo y le afectó las cuerdas vocales.