El ex funcionario fue indagado por tres hechos, todos con la acusación de abuso de autoridad: 1) por el faltante del decreto provincial en la adjudicación de la concesión a la empresa Casino Club; 2) por la conformación de una comisión técnica asesora de la adjudicación que modificó las condicioens del llamado a licitación y 3) por la modificación del cánon en el año 2001, que pasó de un porcentaje del 13% de la recaudación a una suma fija.

Según fuentes del juzgado de Saez Zamora en los dos primeros hechos se resolvió el sobreseimiento por la prescripción en las dos primras figuras.

Cabe recordar que la acusación de la fiscal Alejandra Ongaro fue por la figura de abuso de autoridad. En los primeros hechos, por el tipo de delito involucrado y por la pena que podría implicar, el juez Saez Zamora resolvió la prescripción.

Y en el tercer caso, consideró que la figura de abuso de autoridad “se diluye”: es decir, no hubo delito. La adjudicación de la concesión del casino provincial a la empresa Casino Club se hizo en el marco de la concesión fue la ley 1239, el decreto 2439/90 (del año ‘90) y la Norma Jurídica de Facto 1170, de creación del Instituto de Seguridad Social.

Uno de los elementos que en la actualidad permiten mantener una causa contra un delito de los funcionarios público es la vigencia de la ley de Etica Pública. Esta norma fue sancionada el 1º de diciembre de 1999. Prevé que si hay un funcioanrio que sigue en la función pública, la causa no prescribe. En el caso de la modificación del cánon fue posterior a esta norma: se hizo en el año 2001.

Pero allí Saez Zamora ocnsideró que no hubo delito, aunque tampoco desestimó que lo hubo. Por eso dictó la falta de mérito. La fiscal Alejandra Ongaro ahora puede apelar la decisión del juez Saez Zamora.

La causa penal se abrió por una denuncia del Fiscal de Investigaciones Administrativas, Juan Carlos Carola, quien denunció el primer contrato firmado, en la década del '90. Sostuven su denuncia ante la justicia que el presidente del ISS Miguel Erquicia y los demás intergantes del directorio pudieron haber incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.Cuando se llamó a licitación en la década del '90, Casino Club ofertó construir un complejo hotelero al lado del Hotel Calfucurá. Pero al final no lo hizo. En su lugar, construyó dos salas: la central, en la avenida Illia, y la tragamonedas, en la calle Hilario Lagos, ambas en Santa Rosa.

La denuncia de Carola apuntó al cambio del pliego licitatorio, vulnerando "severamente el principio de igualdad" que debía regir en la ejecución de los contratos celebrados con un procedimiento previo de licitación pública.Al analizar la concesión al Casino Club, determinó que "dos elementos" del contrato de concesión "habrían sido ilegítimamente modificados con posterioridad a la firma del mismo por funcionarios" del ISS en la década del ‘90: el pago del canon y la inversión. Entre lainversión se contaba la construcción de un hotel: por esta condición, muchas empresas no se presentaron.